Expresidente Rodríguez defiende ROP y FCL: «No permitamos que intereses electorales destruyan la seguridad social»

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Tiempo de Lectura: 3 minutosEl expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien hace 20 años promovió el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), criticó las amenazas que hoy enfrentan ambos sistemas de seguridad social.

Dos proyectos de ley han promovido recientemente el retiro de estos fondos. Las iniciativas han sido lideradas por los diputados Eduardo Cruickshank, en el caso el ROP, y por Carlos Avendaño, en el caso del FCL.

A pesar de que las personas percibirían “un beneficio inmediato” con esos retiros, se tendría como consecuencia una disminución del ahorro nacional y por ende del desarrollo, explicó Rodríguez.

“Después del disfrute llega la verdad de una pensión muy reducida, una vejez muy estrecha y acongojada… y en muchos casos, la pobreza. Hacer posible el retiro total, aunque sea solo por un período transitorio, es engañarse, pues es una invitación a la permanencia de esta transitoriedad,” dijo el expresidente este martes en un evento que conmemora el Vigésimo aniversario de la Ley de Protección al Trabajador.

“No permitamos que intereses electoreros transitorios destruyan nuestra seguridad social. Es responsabilidad de todos impedirlo”, agregó.

Retiros que debilitan la pensión

La versión actual del proyecto del ROP le permitiría a las personas que calculen una pensión con base en los años de su esperanza de vida; de esta manera aumentaría el monto de la pensión que recibirían.

Esto dejaría sin protección a las personas que superen esa edad.

“Por estas muy negativas consecuencias esta alternativa no es opción. Que yo sepa, en ningún país se hace, sin que al menos se acompañe por un seguro de longevidad para proteger a las personas que superen su expectativa de vida”, comentó Rodriguez.

También se ha considerado permitir el retiro total del ROP a quienes se pensionen antes del 2023, algo que puede ser “políticamente oportuno” por la preferencia que tienen las personas de tener los recursos inmediatamente. Sin embargo esto traería un perjuicio en la pensión futura y abriría un portillo para acabar con el ROP permanentemente.

Un problema mayor

Las operadoras de pensiones tendrían que liquidar un total de ¢266.218 millones para el retiro acumulado durante estos cuatro años (2020-2023), con al menos 70% de los recursos en títulos del gobierno, según las estimaciones de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP).

En un momento en que el Gobierno enfrenta un nivel alto de endeudamiento, la potencial reforma implicaría un obstáculo adicional dado que llevaría a la venta de bonos del sector público, bajando su precio y por ende aumentando el pago de intereses. Incluso por la fragilidad fiscal, esto podría provocar un contagio financiero, según Rodríguez.

De aprobarse la reforma, también podría obligar al Gobierno a usar los recursos de los eurobonos para comprarle los activos que deben vender las operadoras locales.

“Al final de cuentas se estarían emitiendo eurobonos para facilitar recursos a quienes ponen en riesgo su bienestar en la vejez”, consideró.

Mientras tanto, el proyecto que permitiría el retiro total del FCL por una sola vez, dejaría a los trabajadores desprotegidos ante una posible perdida del trabajo y erosiona la pensión futura dado que la mitad de esos recursos están destinados al ROP.

“(Cerrar brechas) no se logra convocando a sesiones extraordinarias proyectos como estos, que dañan seriamente el bienestar de los pensionados del futuro, en especial los más pobres. Se actuá en contra de la justicia social cuando se retira de sesiones extraordinarias un proyecto que la hiere gravamente para que no venza su período de trámite y se le conovoca de nuevo para que cumpla con su dañino propósito”, consideró Rodríguez.

“Hacerlo daña la seguridad social que con miles de esfuerzos venimos tratando de construir desde la gran reforma social del presidente Dr. Calderón Guardia hace ya casi 80 años. Esa es una responsabilidad histórica que las autoridades deben evaluar”, agregó.


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