Paulo Villalobos
Un faltante de prueba obligó al Consejo de Personal del Ministerio de Gobernación y Policía (MGP) a archivar los procedimientos administrativos seguidos contra 10 oficiales de la Policía Profesional de Migración (PPM), involucrados en una investigación internacional de tráfico de personas.
De esa forma lo confirmó la oficina de prensa de la cartera ante una consulta de El Observador. La misma se efectuó a poco menos de un año de la operación “Cielo y Tierra”, en la que los agentes fueron detenidos.
Esto porque el ministro de Seguridad, Michael Soto, mencionó en el 4 de setiembre pasado (día de las diligencias) que procederían en el área disciplinaria, ya que los funcionarios no gozaban de su confianza.
El jerarca reconoció entonces que existía un debido proceso que seguir.
La medida del archivo del expediente es provisional por cuanto la falta de pruebas -que se encuentran en sede penal- “hizo materialmente imposible” el procedimiento. Ello en apego a los extremos que establece el artículo 85 de la Ley General de Policía. De lo contrario, violentaría el debido proceso y derecho de defensa de las partes.
Suspensiones, reubicaciones y otras
La oficina de prensa de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indicó – sin detallar los apellidos de los oficiales – que:
- Cuatro de los agentes permanecen suspendidos (no se especificó si lo hacen con o sin goce de salario).
- Cuatro regresaron a sus cargo desde marzo de 2019, aunque en labores administrativas, no migratorias.
- Uno se mantiene incapacitado hasta la fecha.
- Y el restante se ubicó en las oficinas centrales de la entidad, en un puesto administrativo.
El departamento de comunicaciones de la entidad mencionó que las medidas obedecen instrucciones judiciales.
Los funcionarios tienen entre 12 y 21 años de trabajar en Migración.
Operación “Cielo y Tierra”
Los allanamientos en los que resultaron detenidos los oficiales de Migración, tuvieron lugar el 4 de setiembre del 2018. En ellos participaron las autoridades tanto policiales como judiciales de Costa Rica y Panamá.
En total, 39 personas fueron capturadas en 52 operativos en ambos países; incluidos los líderes: Cen Mo Quighi, Bon Bin Chen y Paola Leung Laos.
Todos figuran en una investigación por tráfico y trata ilegal de migrantes procedentes de China. A estos, la banda les cobraba unos $22.000.
Hasta el día de las diligencias se documentó que 110 asiáticos habían sido trasegados; tres de ellos menos de edad. Se cree además que una cantidad adicional hasta ahora desconocida permanece en el territorio efectuando labores en comercios y restaurantes de compradores de la organización, como forma de pago.
Paulo Villalobos
