Paulo Villalobos
El importador de cemento desde China, Juan Carlos Bolaños, permanecerá bajo arresto domiciliario luego de que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública rechazara este viernes una solicitud de la Fiscalía General, para que volviera a prisión preventiva.
La resolución la dio a conocer el defensor del imputado, Fernando Vargas; a la salida de una audiencia a la que ambos fueron citados esta tarde. La oficina de prensa del órgano acusador confirmó el resultado de la cita en los tribunales de Goicoechea, en San José.
“Bueno, la determinación de la jueza penal rechazaba la solicitud de prisión preventiva pretendida por el Ministerio Público. Indicó que don Juan Carlos (Bolaños, sospechoso de tráfico de influencias) se había comportado como una persona ejemplar para cumplir las medidas”, aseveró el abogado.
También, el jurista aseguró que en la resolución se destacó una diferenciación en el actuar del órgano acusador del Estado, por la rigurosidad con la que este actuó ante una problema de conexión que sufrió por cuatro horas el brazalete de Bolaños.
“Indicó ella (la decisora) que ella conoce de muchísimos imputados que inclusive han tenido mucho más tiempo con inconvenientes en el monitoreo y que no ha visto que el Ministerio Público haya hecho lo que está haciendo con don Juan Carlos”, dijo Vargas.
En consecuencia al rechazo de la prisión preventiva, el importador de cemento chino seguirá bajo monitoreo electrónico, vigilancia de la Fuerza Pública, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a personas involucradas en el caso.
Inconvenientes de conexión
Tanto Fernando Vargas como la Unidad de Monitoreo Electrónico del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) informaron que la interrupción se debió a la descarga del dispositivo.
Sin embargo, según el imputado Juan Carlos Bolaños, la Fiscalía General presentó la solicitud de cambio de disposiciones cautelares por darse un corte de comunicación de cuatro horas, “0,08% del total del plazo monitoreado”.
“Es ridículo haber solicitado a la autoridad una audiencia para ir a discutirle sobre cuatro horas de un problema técnico en 5.100 horas”, defendió el importador.
Bolaños es investigado por aparentes irregularidades en el otorgamiento de un crédito por $25 millones a Sinocem Costa Rica, de la que este es apoderado.
Además se le investiga por pagar las vacaciones del entonces diputado Víctor Morales.
También por un supuesto desvío de $20 millones que el Banco de Costa Rica le otorgó a Sinocem a la empresa Sinobuilding en Hong Kong, que después devolvió $7 millones a los bancos Nacional de Costa Rica (BNCR) y Cathay.
Y por el embodegamiento del producto fuera de un predio aduanal.
“Preso político”
De acuerdo con el abogado Fernando Vargas, la resolución coincide con la hipótesis planteada por la defensa a lo largo del desarrollo de la causa 16-000013-0033-TP.
“Mi cliente, don Juan Carlos Bolaños, es perseguido. La Fiscalía tiene un ensañamiento inusual en esta persona. Es de un preso político el tratamiento que se le está dando a él. En vísperas de navidad, lo que el Ministerio Púbico quería es que él estuviera en prisión sin ningún motivo”, manifestó el jurista.
Esa postura la sostuvo el encartado en sus declaraciones a los medios de comunicación.
“Ante la voluntad divina, ninguna solicitud fiscal procedió en este momento. Así, efectivamente fue que se resolvió de forma correcta. La administración de la justicia correcta y equilibrada resultó el día de hoy. Pasaré todo el tiempo en casa durante esta temporada navideña, si Dios lo permite”, relató Bolaños.
Reiteradamente, el imputado pidió igualdad para que se investiguen las quejas que él ha interpuesto contra la fiscala general Emilia Navas Aparicio.
Este medio pidió a la oficina de prensa del Ministerio Público una reacción sobre las declaraciones dadas por su contraparte; no obstante, no emitió comentarios al respecto.
Dos años en lo mismo
Juan Carlos Bolaños es investigado desde 2016.
La mañana del 3 de noviembre de 2017, el encartado resultó detenido en vía pública, abordo de su vehículo, en Atenas de Alajuela.
Ese día, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron las dos propiedades del importador en ese mismo cantón, así como una más en el residencial Puerta del Sol, en Escazú, San José.
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Tras su arresto, se le ordenó la medida cautelar de prisión preventiva.
Sin embargo, el 29 de abril de 2019, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José resolvió cambiar las disposiciones “atendiendo un tema de salud”.
Lo anterior puesto que el imputado debía someterse entonces a una intervención quirúrgica en una de sus rodillas.
Colaboró el periodista Marco Marín
Paulo Villalobos
