Procuraduría de la Ética se presenta en condición de víctima a investigación de UPAD

Ya se presentaron dos denuncias contra la Unidad Presidencial de Análisis de Datos

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Tiempo de Lectura: 4 minutosLuego de la apertura de una investigación penal por la polémica Unidad de Análisis de Datos (UPAD), la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se presentó en «condición de víctima», al proceso penal.

La Procuraduría General de la República indicó que la PEP «en representación los intereses del Estado costarricense, se apersonó, en condición de víctima, al proceso penal seguido bajo sumaria 20-5434-42-PE por la Fiscalía General de la República contra ignorado. Tiene que ver con la operación de la UPAD y el aparente acceso a datos o información sensible y/o confidenciales de los ciudadanos.

Desde la mañana de este lunes, El Observador consultó al Ministerio Público si ya se había abierto la investigación por el tema, y quiénes figuraban cómo posibles imputados, fuera el presidente Carlos Alvarado u otros funcionarios de la Unidad.

Sin embargo solamente indicaron que hoy llegaron dos denuncias en contra de la acción de Presidencia, a las 9:25 a.m. y 10 minutos después; y que se tramitó ante el despacho de la fiscala general Emilia Navas, pero sin confirmar la apertura formal de la investigación. Aunque otros medios señalaron que formalmente ya se investiga.

La causa se abrió a raíz de dos denuncias interpuestas por los abogados penalistas Gloria Navas – en representación de Movimiento Ciudadano CR – y Juan Diego Castro. El pasado viernes trascendió que entre las potestades de la UPAD era que tenía acceso a datos confidenciales de los ciudadanos y las instituciones.

OBSERVE MÁS: Unidad de datos Presidencial ya tiene dos procesos legales en su contra

Ahora con el acto de apersonamiento en condición de víctima, la PEP destacó que podrá participar en la investigación penal aportando pruebas y ejerciendo las acciones civiles que correspondan para reclamar los daños y perjuicios que se estimen pertinentes, en caso de que se configure un delito contra los deberes de la función Pública.

«Adicionalmente, de conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la misma ley, como parte procesal la PEP le requirió a la Fiscalía General de la República copia completa del expediente penal para ejercer sus competencias», informó la Procuraduría en un comunicado de prensa. Se amparan en el artículo 3 de su Ley para realizar este acto.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Art 3. h) Realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública, sin perjuicio de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría General de la República, así como denunciar y acusar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, en las materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública.

OBSERVE MÁS: Presidencia se disculpa por decreto para obtener datos confidenciales, pero deja sin sanción a responsables

Unidad bajo fuego

Diego Fernández, asesor presidencial; Silvia Lara, viceministra de Presidencia; y la ministra de Comunicación, Nancy Marín, intentaron explicar el funcionamiento de la UPAD. (Presidencia)

Hoy la Defensoría de los Habitantes arrancó una investigación, con una reunión entre el presidente Carlos Alvarado y la defensora Catalina Crespo, así como otros jerarcas. Crespo mostró su preocupación por lo hallado y pidió a la Fiscalía intervenir en Presidencia y realizar un peritaje técnico.

«Yo entré muy preocupada y me voy muy preocupada. Mi pregunta es para qué le sirve al presidente esta información. Los datos sí sirven para tomar decisiones, pero datos bien fundamentados. Datos personales no deberían ser parte de los usados. Datos con una rigurosidad que sí permita tomar decisiones», señaló Crespo.

Por su parte el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, se disculpó por irregularidades en el decreto, pero no anunció sanciones contra los responsables.

«La derogatoria lo que significa es que reconocemos que el artículo 7 (el más cuestionado) tiene una redacción que nos puede colocar en intenciones, por eso se deroga y por eso se suspenden las actividades», afirmó Morales.

Según el ministro nunca se actuó en secreto y en los próximos meses se iba a presentar la Unidad al público, incluso con ayuda de organismos internacionales.

Los diputados ya anunciaron que investigarán el caso con una nueva comisión legislativa.

OBSERVE MÁS: Diputados investigarán a la UPAD y llamarán a presidente Alvarado a cuentas

Diego Fernández y Luis Salazar son los responsables del decreto. Fernández es estadístico y desde el inicio de la administración ha fungido como asesor presidencial en el tema de datos. Salazar trabaja para la asesoría jurídica y es delegado presidencial para los temas de diversidad sexual.

«Se brindará acceso a la Unidad Presidencial a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera», establece el artículo 7 de la directriz 41996, que además del mandatario firmaron el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.

El decreto fue firmado el 14 de octubre de 2019 y entró en vigencia el 17 de febrero de 2020, cuando fue publicado en el diario oficial La Gaceta.

OBSERVE MÁS: Defensora pide intervención de la Fiscalía en Presidencia: «entré muy preocupada y me voy muy preocupada»


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