Tomás Gómez
La amenaza de un brote masivo de COVID-19 en los centros penitenciarios del país llevó a la Sala Constitucional a exigirle al Ministerio de Justicia y las autoridades de salud un protocolo para atender la eventual emergencia.
Los magistrados tomaron la decisión tras recibir un recurso de habeas corpus por parte de una reo con una condición especial de salud, lo que coloca en mayor vulnerabilidad ante la pandemia.
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Ante el reclamo, el tribunal consultó por los procedimientos que se seguirían en caso de propagación de la enfermedad y tanto Justicia como el Ministerio de Seguridad confirmaron que no existen.
Las autoridades penitenciarias tendrán ahora dos semanas para presentar el protocolo que deberá respetar los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tomar en cuenta:
- capacidad de camas clínicas en centros penales para atender casos positivos y sospechosos de COVID-19
- capacidad de atención de pacientes en clínicas penitenciarias
- disponibilidad de materiales de protección y desifección como mascarillas, guantes, respiradores o medicamentos
- disponibilidad de recurso humano tanto en medicina como en enfermería
En su llamado de atención, la Sala advirtió que de ser necesario se debería construir infraestructura adicional para el aislamiento o tratamiento o al menos valorar la instalación de un hospital de campaña.
Segundo llamado de atención
La situación de los privados de libertad ante la pandemia ha generado preocupación a lo largo de los meses.
En la Defensoría de los Habitantes emitió una alerta temprana a finales de abril donde se exigió, también a Salud y Justicia, la presentación de los planes de acción y coordinación entre instituciones para prevenir los contagios y atender a los enfermos.
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La Defensoría destacó en ese momento que el personal de salud en los centros penitenciarios es mínimo y que a eso se suman las dificultades del Ministerio de Justicia para sustituir a trabajadores, lo que se torna más grave en medio de la emergencia.
