Redacción El Observador
Pocas horas habían transcurrido luego de que el presidente Rodrigo Chaves anunciara que su primer vicepresidenta, Mary Munive, será la nueva ministra de Salud.
La jerarca que hasta hoy ocupaba la cartera de Deportes, habló de que se tomará unos días para revisar la situación de la cartera que el 7 de febrero dejó Joselyn Chacón. “Hay muchas oportunidades de mejora”, comentó Munive.
Inmediatamente después, señaló tres grandes líneas de trabajo donde citó homologación de medicamentos, gestión de enfermedades crónicas no transmisibles y cannabis de uso recreativo.
Para la nueva jerarca el reto está en convencer a los diferentes sectores sobre los beneficios que traerá la legalización de la marihuana de uso recreativo o uso adulto como ella prefiere llamarla.
“Obviamente el Ministerio de Salud es un ente regulador pero estamos hablando de un consumo que ya está generándose en el país y que desafortunadamente no estamos generando ningún ingreso para contrarrestar los potenciales efectos adversos”, dijo.
“Tenemos para poder convencer al sector de que este, diay, es algo que ya mundialmente se ha aperturado y que puede beneficiar el ingreso de recursos frescos para poder darle más bien tratamiento y mantenimiento a ciertos tipo de adicciones”.
Munive no dudó en manifestar que se involucrará de lleno en el trámite del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa.
En enero anterior, como Ministra de Deportes, Munive compareció ante los miembros de Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa para hablar del proyecto de ley expediente 23.383: Ley para el uso del Cannabis con Fines Recreativos.
En esa oportunidad presentó información de la última Encuesta Nacional de Hogares sobre el uso de sustancias psicoactivas, generada por el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia (IAFA), realizada entre setiembre y noviembre del año anterior.
La funcionaria fue enfática en que los datos dejan en claro que el consumo de marihuana ha ido creciendo con el paso de los años y por eso se deben generar políticas públicas para gestionarlo.
Uno de los pedidos que hizo Munive a la Comisión es que se varíe el nombre y deje de llamarse marihuana recreativa, por marihuana de uso adulto.
La vicepresidenta y nueva ministra de Salud, May Munive (Foto Archivo/El Observador)
Texto sustitutivo
La ministra de la presidencia, Natalia Díaz, dijo en enero pasado que el Gobierno tiene planeado presentar un texto sustitutivo al proyecto de ley de marihuana recreativa luego de recoger las observaciones de diferentes instituciones.
De acuerdo con Díaz, se va a trabajar el documento de manera coordinada entre varios entes; en específico: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
“Estamos coordinando las observaciones generales que se han hecho en la comisión y la idea es presentar un texto donde podamos muy pronto ya resolver este tema porque las audiencias son parte del proceso de una comisión”, afirmó.
Según un estudio realizado por el Idespo de la Universidad Nacional (UNA) y divulgado en abril anterior, un 63,3% de los encuestados dijo que está en “Algo en desacuerdo/ Totalmente en desacuerdo” con la propuesta liderada por el Poder Ejecutivo para legalizar dicha droga.
Otros puntos de vista
Varias instituciones y entidades se ha pronunciado con respecto al proyecto de marihuana recreativa que se discute en el Congreso. Entre ellos:
- IAFA: Emitido por Oswaldo Aguirre, Director General. No recomiendan su aprobación. Exponen que contraviene los tratados de fiscalización de drogas y los compromisos contraídos por los Estados miembros de la Organización Mundial de Salud.
“También tiene graves consecuencias para la salud, el bienestar, en particular de la juventud”, concluye. - Senara: Es firmado por Osvaldo Quirós, Gerente General. La entidad informó que no tiene observaciones sobre el proyecto de cita.
- Municipalidad de Tibás: Inicialmente, se hace un análisis por parte de Ruth Esquivel, Coordinadora de Servicios Jurídicos. Allí exponen que el enfoque es acertado y se encuentra ajustado a derecho.
“La norma contiene seguridad jurídica con relación a lo que regula, estableciendo expresamente y con detalle sus prohibiciones, es una realidad innegable que en Costa Rica muchas personas consumen cannabis por lo que se hace necesaria su regulación”. El concejo lo aprobó en sesión del 23 de noviembre. - Municipalidad de Santa Ana: Análisis inicial realizado por Sergio Jiménez, asesor del Concejo Municipal. Señala que se deja de lago al gobierno municipal con excepción de la autorización de establecimientos para la comercialización que deberán contar con su respectiva licencia municipal.
“Considero que la participación municipal debería ampliarse de tal manera que se participe, en el registro de los establecimientos autorizados -control-, en las campañas que alrededor del tema se generen y en el uso problemático de las mismas, habida cuenta de la participación de las policías municipales y su rol preventivo”, destaca en su informe que fue acogido por el Concejo. - Corte Suprema de Justicia: El documento es firmado por Orlando Aguirre, presidente de la Corte.
Señalan que “el texto consultado no se refiere a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, supuestos que según regula el artículo 167 de la Constitución Política son los que requieren un pronunciamiento de la Corte”. - INFOOCOP: La entidad remite el análisis realizado por Mauricio Pozos, gerente de asesoría jurídica interino.
“No se enmarca en la competencia conferida por esta norma y tampoco afecta la autonomía del INFOCOOP, esta asesoría jurídica no tiene observaciones o sugerencias de fondo, ni objeciones sobre el contenido de la referida propuesta, por lo que se recomienda abstenerse por constituir un asunto de política legislativa”. - Municipalidad de Grecia: Acuerda no apoyar el expediente pero, no da detalles.
- Municipalidad de Corredores: rechazan el proyecto y no dan justificaciones.
- Municipalidad de Naranjo: destaca que no tiene una afectación negativa al régimen municipal ni a la autonomía municipal.
- Municipalidad de Guatuso: solo se informa que será apoyado después de una votación donde hubo tres regidoras a favor.
- Junta de Protección Social: El documento es firmado por Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la Junta.
Ella dice que no existe objeción dado que no impacta el accionar de la institución. No obstante, recomienda a la comisión el criterio técnico que remite el Departamento de desarrollo de talento humano y la sección médica donde sí objetan el plan particularmente porque se utiliza el término “recreativo” y con ello da una falsa creencia que es segura y que no crea adicción. - Municipalidad de Oreamuno: Es rechazado.
- Municipalidad de Quepos: Están a favor dado que no encuentran posibles afectaciones a los intereses del gobierno local.
“Siendo las comunidades costeras las de mayor turismo nacional y extranjero se presenta una posible solución en cuanto al trasiego, siembra, producción, elaboración, acopio, distribución, comercialización, expendio del cannabis y sus derivados y venta ilegal de cannabis”, puntualiza el informe. - Academia Nacional de Medicina: Se oponen y argumentan que el uso regular de esta droga puede provocar efectos a la salud en el largo plazo como problemas en el corazón, infertilidad, trastornos de ansiedad, tumores, psicosis, entre otros.
- Municipalidad de Alajuela: Se opone.
- Icoder: Piden incluir instalaciones deportivas y recreativas dentro de los lugares prohibidos para el consumo. Asimismo, solicitan recursos para el financiamiento de sus programas de recreación con dineros que vayan a recaudarse por las tarifas de impuesto de renta por la comercialización.
Por último, consideran que se requiere de mayor investigación sobre el impacto que podría tener en áreas del individuo y la sociedad.
“Debe considerarse más seriamente los efectos adversos a la salud que el cannabis provoca en el ser humano basado en la evidencia y, por último reconocer si nuestro sistema de vigilancia de la salud pública (ministerio de Salud) cuenta o no con todo el recurso humano y material para hacer frente a la gran responsabilidad que le está otorgando”, concluye Donald Fernández, Director Nacional de Icoder. - Municipalidad de los Chiles: Acordó no apoyar el plan “porque el país no se encuentra preparado para iniciar con este proyecto de siembra, el cual quedaría a la libre venta a mayores sin saber las reacciones para las personas que lo consuman”.
- Universidad Técnica Nacional: En el documento firmado por el rector Emmanuel González indica que no se oponen, “no roza la autonomía universitaria y es acorde con los fines y principios de la universidad”.
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