Paula Ruiz
El nuevo consorcio a cargo de la fiscalización y supervisión de las obras en Ruta 32 iniciaría funciones dentro de un mes, estimó Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Se trata de las empresas mexicanas UG21 y Cal y Mayor, a quienes se les adjudicó la contratación por $5 millones, según la decisión del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
De acuerdo con Amador, el consorcio se encargará de verificar el avance de las obras en el sitio y tendrá que coordinar con la empresa china China Harbour Engineering Company Costa Rica, S.A. (CHEC) los aspectos relacionados con seguridad vial y otros.
Amador prevé que esta nueva dinámica permita la habilitación de 40 kilómetros que ya están prácticamente listos.
“Por eso usted ve demarcación, rotulación y señalización deficiente, esperamos que con esto ya se pueda venir cambiando eso. Hay unos 40 kilómetros que están cercanos a poder abrir, el objetivo es que nueva empresa coordine bien con CHEC para que esos 40 kilómetros sean una realidad pronto”, especificó.
El trayecto en su totalidad es de 107 kilómetros y las labores iniciaron desde noviembre de 2017. Inicialmente se estimó que las obras tardarían 42 meses que se cumplían en el año 2020, pero se han otorgado varias prórrogas para finalizar la ampliación de la ruta.
Se prevé que en junio de 2024 culminen estos trabajos.
Sobre la obra, Amador destacó que hay una clase de “picadillo” porque CHEC tiene alrededor de siete subcontratistas y unos son más eficientes que otros, mientras que la calidad y productividad también varía.
Sumó el hecho de que cuando ingresaron en mayo de 2022 a sus labores en el MOPT, todavía faltaban entre 300 y 400 expropiaciones. Terminar esos procesos es tarea exclusiva del Poder Ejecutivo y no de la empresa china.
“Eso empieza a generar picadillo, ahora estamos tratando de consolidar el picadillo para que avancen diferentes frentes y se puedan habilitar pedazos”, destacó.
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¿Por qué el nuevo contratista?
Estas labores estuvieron a cargo de las empresas Cacisa y de Camacho y Mora, desde el año 2018 mediante una adjudicación y hasta por 43 meses. Sin embargo, el contrato les permitió gozar de prórrogas lo que implicó la finalización de sus labores en mayo pasado.
El monto inicial del contrato con ambas empresas fue de $28 millones. Debido a esto, es que se inició un proceso para contratar al nuevo contratista que se concretó el 16 de agosto pasado.
En enero pasado, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) pagó $151.786 más Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) para la realización de una auditoría sobre la Ruta 32, cuyo documento fue declarado como confidencial.
A pesar de esa decisión, el exdiputado, Otto Guevara, tuvo acceso al documento y mostró que una agencia de comunicación recibió $14.407 millones por mes, durante 32 meses, por parte de Cacisa.
Esa denuncia la hizo el presidente, Rodrigo Chaves, el 7 de junio, sin dar mayores detalles.
