Juan Pablo Arias
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló la creación de empleo formal como la máxima prioridad política que debe asumir Costa Rica, si quisiera lograr una recuperación sólida tras la pandemia.
En el informe “Hacia el crecimiento 2021”, publicado esta semana, el “club de países con buenas prácticas” recomendó reformas que van desde la eliminación de obstáculos a la entrada de empresas y la competencia, hasta la mejora de la calidad de la educación y la formación.
Para la OCDE, el impulso a la creación de empleo es clave para una recuperación sólida e inclusiva.
“La informalidad ya era alta antes de la crisis, especialmente entre las mujeres y los trabajadores poco calificados, y ahora ha aumentado aún más. Para que el crecimiento sea más inclusivo, se necesita una estrategia integral para reducir la informalidad”, señaló el informe.
El empleo informal, que no pagar cargas sociales ni tributos, carece de incentivos para formalizarse, señala la OCDE. (Alonso Solano/El Observador)
En opinión del organismo, para reducir la informalidad el país debería avanzar en la simplificación del salario mínimo, un desplazamiento gradual de las cargas de la seguridad social hacia otros impuestos (como los impuestos a la propiedad), la mejora de la calidad de la educación y la simplificación de los trámites.
“El costo administrativo para la creación de empresas se puede reducir mediante la introducción de mecanismos de ventanilla única en línea para licencias y permisos y la ampliación del alcance de las reglas de silencio es consentimiento”, agregó el documento.
En el caso de la Educación, recomendó actualizar los planes de estudio y mejorar la contratación, selección y formación de docentes.
Rezago de empresas locales
Según la OCDE, la creación de empleo formal solo se puede dar en un entorno empresarial dinámico, pero en Costa Rica las empresas del régimen definitivo están rezagadas respecto de las que están en zonas francas, en términos de innovación e integración a las cadenas de valor mundiales.
“El entorno empresarial debe mejorar en varios frentes. Una mayor competencia en los sectores de servicios y redes nacionales reduciría los precios de los insumos para las empresas”, señaló.
El informe señala que un financiamiento competitivo y basado en el rendimiento de la investigación pública podría reforzar la cooperación entre las universidades y las empresas nacionales y fomentaría la innovación entre las pequeñas y medianas empresas.
Las empresas fuera de las zonas francas son las que han llevado el golpe más duro de la pandemia. (Archivo/El Observador)
Escasa competencia
El país también recibió fuertes llamadas da atención. La OCDE criticó la escasa competencia en muchos sectores clave, como la banca, la alimentación, la electricidad o el transporte.
En opinión del organismo la ausencia de más competidores genera precios más altos y una menor calidad de los bienes y servicios esenciales, lo que perjudica a los consumidores y obstaculiza la dinámica empresarial y la creación de empleo.
“Se puede impulsar la competencia asegurando la implementación completa y oportuna de la ley de competencia, eliminando gradualmente las exenciones restantes y asegurando la independencia y los recursos suficientes de la autoridad de competencia”, indicó.
También recomendó un seguimiento “con transparencia” del desempeño de las empresas estatales predominantes, como el ICE, el INS y la banca estatal.
Sector empresarial acuerpa recomendaciones
El sector empleador del país, agrupado en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), respaldó las recomendaciones emitidas por la OCDE.
“La opinión de la OCDE es coincidente con los informes que históricamente Uccaep ha dado a conocer. Son propuestas que van en la misma vía: simplificación de trámites, mejoras en la educación, cargas sociales y altos impuestos”, afirmó el economista Jorge Luis Araya, subdirector de la agrupación.
En opinión del vocero, el informe da la razón a los empresarios cuando han manifestado que “la informalidad es el competidor desleal” y que no se soluciona imponiendo castigos.
“No hacemos nada cerrando negocios. Lo que se necesita es abrir ventanas para que las empresas pasen a la formalidad”, explicó Araya.
Como ejemplo, recordó la recomendación para la creación de un monotributo, que ayudaría a simplificar el pago de impuestos de las pequeñas y medianas empresas.
Sobre el rezago manifestado por la OCDE, la Uccaep también coincide en que Costa Rica tiene dos economías: una enfocada al mercado externo, ligado a las zonas francas, y una del mercado interno, donde las empresas tienen una mortalidad mayor.
“Si la empresa es de capital nacional, la posibilidad de superar los primeros 5 años es del 63%, pero si es capital extranjero es del 93%”, ejemplificó Araya.
Los mercados fuera de competencia, como el eléctrico, preocupa a la OCDE, por sus consecuencias en el bolsillo de los consumidores. (Archivo/El Observador)
En materia de competencia también hubo puntos en común.
“Hemos sido bastante incisivos en la apertura del mercado eléctrico”, dijo el vocero de Uccaep. En su opinión la apertura de este mercado es primordial.
“A nivel internacional, la disrupción tecnológica para aprovechar la energía va a un nivel tan avanzado que no necesitan estar conectados a un circuito nacional”, agregó.
Avances recientes en reformas estructurales
Pese a los señalamientos, los avances en las reformas estructurales han sido muy buenos en los últimos años, particularmente impulsados por el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE.
“La pandemia de covid-19 ha intensificado los desequilibrios fiscales que han llevado a intensificar las discusiones políticas sobre las reformas de la política fiscal, incluidas las reformas del esquema de empleo público, los procesos de contratación pública y la organización del sector público, que actualmente se discuten en el Congreso”, indicó el organismo.
La OCDE resaltó que en 2019 se implementó una reforma fiscal que introdujo la regla fiscal, creó el IVA y dos nuevos tramos de ingresos en el esquema del impuesto sobre la renta de las personas físicas y redujo la asignación de ingresos.
“Se ha fortalecido la independencia del Banco Central y la supervisión del mercado financiero”, concluyó.
