Tomás Gómez
La Procuraduría General de la República, que actúa como abogado del Estado, se sumó este viernes al proceso legal de la Operación Diamante en condición de víctima.
Con ello, la institución podrá acceder a los detalles de la investigación, aportar pruebas y demandar el cobro de los daños y perjuicios si se llega a probar la existencia de delitos. El monto que demandaría aún no está definido.
El caso se lleva bajo el expediente 20-009616-0042-PE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
La teoría de la Fiscalía es que se configuró una organización criminal que operaba en el sector de infraestructura vial cantonal.
Presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, los funcionarios intervenían para generar beneficios indebidos.
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Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades. Estos incluyen parques, aceras y mantenimiento de vías. Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
Día clave en Operación Diamante
La Operación Diamante estalló el lunes con más de 40 allanamientos en municipalidades, casas, entes privados y una oficina del MOPT.
En la intervención fueron detenidos los alcaldes de:
- San José -Johnny Araya
- Cartago -Mario Redondo
- Alajuela -Humberto Soto
- Escazú -Arnoldo Barahona
- San Carlos -Alfredo Córdoba
- Osa -Alberto Cole.
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A ellos se sumaron 5 funcionarios municipales y dos particulares, de los cuales solo a uno se le pidió prisión preventiva, por lo que todos los demás quedaron libres el miércoles.
Pese a ello, hay otras medidas cautelares como la suspensión del cargo que aún están en debate.
La jueza Juliana Jiménez dará su veredicto este viernes a las 4 de la tarde de manera oral.
Los alcaldes conocerán este viernes si pueden volver a la oficina o quedarán suspendidos (Tomás Gómez/El Observador)
