Tomás Gómez
El paquete fiscal presentado por el Gobierno tenía entre sus componentes una eliminación inmediata de las exoneraciones que actualmente tienen los vehículos eléctricos y sus repuestos.
Así consta en el expediente 23.761, conocido como “Ley del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, Embarcaciones y Aeronaves”.
Sin embargo, Hacienda ya redactó mociones para corregir esta intención.
En su artículo 20, la iniciativa expresamente pide derogar:
Los artículos 10 y 13 de la Ley 9518 “Incentivos y promoción para el transporte eléctrico” del 6 de febrero del 2018.
PROYECTO 23.761
Actualmente estas normas regulan la liberación de impuestos y los parámetros de costos para aplicar en incentivo.
El artículo 10 establece el límite de la exoneración del impuesto de ventas que no podrá exceder los 24 salarios base.
Entre tanto, el artículo 13 señala que los vehículos eléctricos estarán exentos del pago del impuesto a la propiedad de vehículos, por un plazo de cinco años desde el momento de su nacionalización o al momento de su producción, en caso de vehículos ensamblados o producidos localmente.
La exoneración aplicará de la siguiente forma: cien por ciento (100%) de exoneración para el primer año, ochenta por ciento (80%) de exoneración para el segundo año, sesenta por ciento (60%) de exoneración para el tercer año, cuarenta por ciento (40%) de exoneración para el cuarto año y veinte por ciento (20%) de exoneración para el quinto año.
Aunque fue apenas el jueves cuando el Gobierno presentó su plan para reforma de impuestos, ya en varias ocasiones el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha aducido que los textos tenían errores que se van a corregir.
A la lista admitida en las últimas horas, se suma precisamente este plan de los carros eléctricos.
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Actualmente existe un marco de exoneraciones que rige hasta el 2026.
Acosta explicó a este a El Observador que presentarán una moción de corrección, de manera que mantenga ese esquema de exoneración.
Eso sí, detalló que la línea será pensar en impuestos verdes como una forma de cambiar los hábitos.
Este el texto de corrección que el Gobierno enviará a los diputados para arreglar su plan origina sobre exoneraciones a los carros eléctricos (Cortesía)
Críticas desde el Congreso
El cambio en las políticas de carros eléctricos no se incluyó en borrador de eliminación de exenciones, sino el plan que ajustaría los marchamos.
Este martes diversas voces de la Asamblea alertaron sobre los portillos que incluye el texto.
A manera general se fustigó el proyecto sí tenía un ánimo de recaudación de impuestos.
Sobre el apartado específico de la movilidad eléctrica, también hubo llamadas de atención.
“No incentiva el uso de carros eléctricos, porque le va a meter impuestos. Eso viene a afectar que podamos tener un país líder en energías renovables”, explicó la liberacionista Paulina Ramírez, quien presidió la Comisión de Asuntos Hacendarios en el primer año de funciones.
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Lo mismo consideró el liberal Dengo, quien fue enfático en que como fracción no van a apoyar el proyecto tal y como se presentó.
“No lo apoyamos como está, el impuesto del marchamo es injusto, no funciona como en los países desarrollados”, finalizó.
Desde el PUSC, por su parte, adelantaron que promoverán la creación de una comisión específica que vea todo lo que tiene que ver con marchamos.
El tema de los carros eléctricos se ha venido promoviendo como parte de los planes de descarbonización a largo plazo que lleva el país (Foto Archivo El Observador)
Reformas de impuestos ya se reforman
Las iniciativas de reforma tributaria lanzadas en jueves tenían varios ejes, incluyendo:
- Reformas al Impuesto de Renta
- Eliminación de Exoneración
- Nuevos esquemas de cobro de impuestos y sanciones
El discurso del Gobierno ha sido que no se trata de nuevos impuestos, un argumento que no fue acogido en el Congreso.
Tras las críticas, Hacienda ha ido anunciando planes de ajuste a su iniciativa, alegando que se trataría de “errores”.
Uno de ellos era bajar de ¢942.000 a ¢842.000 en la base exenta para el cobro de renta en asalariados; según Acosta, fue un error personal suyo.
Otra petición del Gobierno era bajar los montos exentos por integrantes de la familia. Actualmente se reconocen ¢48.484 o ¢34.632 mensuales en el caso del cónyuge u otro dependiente de segundo grado de consanguinidad, respectivamente. El texto del Gobierno disminuyó esos montos a ¢43.400 y ¢31.000, respectivamente, pero ahora se pedirá quedarse en los valores actuales.
El tercer cambio tenía que ver con el porcentaje a cobrarle a quien superara los ingresos de ¢11.292.000 anuales.
La propuesta inicial indicaba que se debía pagar un 10% de impuesto sobre la renta si el exceso llegaba hasta los ¢4.728.000. Ahora se pedirá que esta tasa del 10% lo paguen reporten hasta ¢5.280.000 de exceso sobre la base.
Grupos como el Liberal Progresista, Nueva República y la Unidad Social Cristiana, que en otros momentos han sido cercanos al oficialismo, mostraron su rechazo a este tipo de reformas. Así, el Ejecutivo de momento está solo con sus 10 votos y sin esos 22 apoyos que resultarían claves.
