Tomás Gómez
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) lleva años recibiendo incrementos de recursos, pero no ha logrado cumplir con su objetivo de protección integral de la niñez.
Solo el año anterior, por ejemplo, dejó sin utilizar ¢18.000 millones, un equivalente al 22% de su presupuesto. Además en el 2015 solo pudo dar respuesta al 80% de los casos. La cifra de cumplimiento bajó al 71% en el 2018.
Esos son apenas dos de los señalamientos hechos por la contralora general, Marta Acosta, este jueves en la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público. La jerarca presentó los resultados de la última evaluación hecha en la institución.
“Mayor cantidad de recursos no significa un aumento en la capacidad institucional para realizar una mayor ejecución presupuestaria y financiera”, dijo la Contralora.
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Más dinero, menos resultados
Acosta presentó ante los diputados la evaluación hecha al PANI, en la que denunció la mala ejecución presupuestaria en la institución. (UCR)
La lista de deficiencias detectadas por el ente contralor es amplia. De la exposición de Acosta resaltaron datos como:
- Ausencia de un plan estratégico formalizado: el plan 2015-2020 fue aprobado apenas en el 2017 y no cuenta con metas ni indicadores de seguimiento
- Inequidades de personal: en las sedes regionales falta o sobra recurso humano pues no se atendieron los estudios elaborados
- Atrasos de atención: las denuncias tratadas fuera del plazo planificado subieron del 69% en 2017 al 74% en el 2018
- Transferencias a ONGs: del 2015 al 2018 subió un 59% el monto transferido a organizaciones no gubernamentales para atención de niños, pero los cupos solo crecieron 26%
- Falta de seguimiento: hay proyectos donde no se registran resultados, población atendida o asignación presupuestaria
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Consecuencias negativas
En diversos momentos de la comparecencia, Acosta fue enfática en que no hay proporción entre el gasto de recursos y los resultados.
“La mayor asignación de recursos por parte del Gobierno Central permitió al PANI realizar una serie de acciones tales como mayor dotación de personal, aumento de las transferencias a las alternativas de protección y la ejecución de nuevos proyectos de protección y prevención”, dijo.
“La ausencia de un marco de planificación apropiada en el periodo estudiado permitió la materialización de riesgos en el desarrollo de las actividades sustantivas, estas deficiencias en la gestión insiden directamente en la atención integral que requieren los niños y adolescentes, dada la incapacidad para atender las denuncias y la creación de cupos en las alternativas de protección, así como la falta de claridad con la que desarrollaron los programas”, concluyó.
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Este año, el PANI y su presidenta Patricia Vega, han sido blancos de críticas desde el Congreso, ante sus deficiencias en el manejo de los casos de agresión contra menores, así como otras situaciones en la administración de la entidad.
En octubre, la Auditoría del Patronato confirmó una serie de debilidades que conllevan a un riesgo para las personas menores de edad. A pesar de las críticas, el presidente Carlos Alvarado ha defendido a Vega.
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