Hermes Solano
El 13 de marzo Andrea Torres viajó a España con su perro Luno desde Costa Rica. Pero no se imaginó que viviría un viacrucis que se extiende hasta estos días.
Las autoridades españolas le negaron la entrada a Luno por no portar un microchip, por lo que lo retuvieron en la aduana del aeropuerto de Barajas en Madrid.
El Partido Animalista (Pacma) tomó el caso y ayudó a Andrea a que no sacrificaran al animal, que ahora se encuentra en una perrera a la espera de que se resuelva su situación.
Según apuntan las autoridades, Luno no podía ingresar a España por no cumplir el Reglamento Europeo de transporte de animales.
El caso se elevó a la justicia
Ahora el caso está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que estudiará si la Administración discriminó a la propietaria del perro por su país de origen.
Tanto Pacma como la Asociación Ageraa se hicieron cargo del caso de Andrea y Luno. Esto con el fin de evitar que devolvieran a la mascota a Costa Rica o que la sacrificaran.
“Ahora el TSJ de Madrid ha admitido estudiar más a fondo el caso y adoptará para ello la vía judicial y especial expedita (vía rápida y de emergencia dentro de la lentitud de los procesos judiciales).
“Lo hará en vistas a una posible vulneración de los derechos constitucionales de Andrea que, según las juristas, podría haber sido discriminada por su país de origen”, indicó el Partido Animalista.
Prueba negativa
Andrea presentó una prueba antirrábica negativa del perro, creyendo que sería suficiente; sin embargo, las cosas se complicaron.
Luego de tres meses de luchas, ella está a la espera de que pronto haya una resolución y pueda reencontrarse con su mascota.
El 29 de abril pasado, el Partido Animalista emitió una nota explicando que “a Luno no se le aplicó el protocolo citado por provenir de un país con alto riesgo en rabia”.
“Únicamente porque Costa Rica (país de abordaje) y Nicaragua (país de estancia previa) no son parte de la lista de países que el Reglamento Europeo recoge como países para los que no es necesario aportar el test serológico de anticuerpos de rabia”, agrega el texto.
Ante esto, los defensores de los animales se mostraron incrédulos y han pedido explicaciones a las autoridades pertinentes.
“Estos hechos son escandalosos y dejan al descubierto el grave error del Ministerio de Agricultura para querer deshacerse de todos los animales que se reciben con alguna incidencia de identificación o carencia de algún documento para su entrada en España”, dijo Pacma.
Esta situación generó enorme interés en los medios de comunicación locales, que le han seguido la pista desde marzo anterior.
