Tomás Gómez
A raíz de un dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) en el que se estableció la imposiblidad legal para que la Primera Dama coordine el proyecto del tren, el Gobierno insiste reconocerle a Claudia Dobles una participación, ahora como “articuladora”.
La postura llega luego de la Procuraduría estableciera que «la Primera Dama está imposibilitada constitucional y legalmente para girar órdenes a jerarcas ministeriales o de instituciones públicas”.
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En Zapote señalan que Dobles no es la encargada del proyecto, aunque es la cara más visible y quien lo promueve. Inclusive ha respondido a consultas de la Asamblea Legislativa.
“Las opiniones jurídicas de la PGR reiteran lo que se ha explicado en varias ocasiones en el sentido de que la Primera Dama no es la persona a cargo del proyecto del tren eléctrico, sino que su participación es en calidad de articuladora del proceso en conjunto con las rectorías de ley correspondientes”, manifestó Casa Presidencial ante consultas de este medio.
Zapote insistió en que de acuerdo con el Reglamento Autónomo de Servicio y Organización de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia la figura de la Primera Dama sí puede asumir algunas funciones con el rango de asesora.
Prohibido coordinar y dar órdenes
Ante el protagonismo de la actual Primera Dama en el proyecto de un nuevo Tren Eléctrico, el diputado independiente Erick Rodríguez consultó a la Procuraduría -que actúa como abogado del Estado- sobre el margen legal de actuación de la esposa de un presidente.
La respuesta oficial fue explícita en señalar que no se trata de una funcionaria y que carece de todo nombramiento, pues se trata de una condición que se adquiere debido al matrimonio y no a una elección o proceso de selección.
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«Con independencia de la capacidad intelectual y los atestados profesionales que pudiera tener la Primera Dama, su posible involucramiento en la gestión pública no responde a un nombramiento a base de idoneidad comprobada en los términos exigidos por el artículo 192 de la Constitución Política», señaló el documento.
La revisión destacó además que si bien hay tareas que el presidente puede delegar en su cónyuge -siempre bajo supervisión- la de “coordinar” no es una de ellas pues requiere de una posición de superioridad para unificar acciones.
«En esa medida, el Presidente de la República no podría delegar en la Primera Dama una competencia que es esencial a su cargo, tal como lo impide el artículo 66, letra c), de la Ley General de Administración Pública», planteó el procurador Alonso Arnesto, encargado de la evaluación.
En lo relacionado al tren, serían entonces el propio mandatario Carlos Alvarado o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, los encargados legales de liderar el proceso.
Diez asesores para la Primera Dama
En diversos momentos de la actual administración las funciones asumidas por el Despacho de la Primera Dama han sido cuestionadas por las potestades legales del cargo.
Al criterio solicitado por el diputado Rodríguez se suma la información pedida por la legisladora socialcristiana María Inés Solís sobre el staff que asiste a Claudia Dobles.
Según la información solicitada se dedican 10 funcionarios a la oficina con un gasto mensual base de ¢7 millones en salarios.
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Información dada a conocer posteriormente por El Observador evidenció que el gasto real solo en remuneraciones subía a casi ¢8,5 millones debido a los pluses.
Dichos beneficios permiten a dos de los integrantes de la oficina duplicar sus salarios, mientras que otra de las empledas sube su pago un 80% con reconocimientos como «carrera profesional» o «discrecionalidad».
