Tomás Gómez
Abogados, analistas y hasta la Contraloría General de la República (CGR) coinciden al señalar algunos inconvenientes que traería postergar la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Administrativa, tal y como lo pretende una mayoría de diputados con el respaldo del Gobierno.
La reforma legal se aprobó desde el año anterior a la luz de señalamientos hechos por la OCDE. En ese momento se dio un plazo de año y medio para preparar los cambios y redactar el reglamento de implementación de la ley.
El problema es que ya se llegó la fecha y como en otras ocasiones, los requerimientos no estuvieron listos.
Primera traba: los diputados no tendrán tiempo
Ante la falta de espacio para aplicar la reforma, la diputada liberacionista Carolina Delgado propuso un proyecto para dar un año más de tiempo.
El Gobierno respaldó el plan y lo incluyó en la agenda legislativa para los próximos días. A ello se suma un acuerdo de varias fracciones para dar “trámite rápido”. Por más que corran, eso sí, los plazos parecen no dar.
La ley entraría a regir el jueves 1° de diciembre, lo que reduce a tres días -del lunes al miércoles- el plazo para hacer todo el proceso. Ello implica un primer y un segundo debate, pero también la posibilidad de mociones o la necesidad de hacer consultas a otras instituciones, lo que prolongaría el proceso.
“Ya no daría este tema del plazo”, señaló el analista legislativo Daniel Calvo. Según su observación, fallaron los cálculos porque los tiempos ya se conocen.
“Esta moción de dispensa debió conocerse, para que los tiempos dieran, en todo caso el martes o el miércoles. Una vez que esto se apruebe hay que dar un margen de tiempo”, sumó. A su vez recordó que queda a discreción de los diputados si envían el proyecto o no a consulta.
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Durante el debate, varios diputados de Liberación Nacional y el Frente Amplio mostraron su rechazo a postergar la ley. Incluso el jefe de fracción de los segundos, Jonathan Acuña, recordó que el trámite “express” no exime de otros pasos y dejó entrever la posibilidad adicional de presentar mociones.
El plan para postergar la ley lo ha venido moviendo la liberacionista Carolina Delgado, a quien varios compañeros de fracción le retiraron el apoyo inicial. Aunque el borrador pide atrasar por un año la entrada en vigencia, también se mueve un plan para bajar la fecha a 6 meses (Asamblea Legislativa)
Alarmas en la Contraloría
Donde los planes de atraso no caen nada bien es en la Contraloría, que defiende que ya se cumplió con pasos previos para lograr salir con las fechas.
“La eventual postergación de la entrada en vigencia del proyecto, aparte del retroceso que ello implica, conlleva además el riesgo de no cumplir con los compromisos adquiridos vía OCDE”, manifestó la institución.
“Pretender extender la entrada en vigencia de la ley vendría a entorpecer y retrasar los esfuerzos realizados en un proceso de coordinación, con el riesgo de abrir nuevos espacios de discusión sobre temas consensuados durante el trámite legislativo a favor de una aplicación estandarizada que brinda seguridad jurídica”, agregaron.
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La División de Contratación Administrativa alertó además de que, confiando en el cronograma original ya se habían derogado normas anteriores. De no aplicarse la nueva ley se presentaría entonces un escenario incierto durante la ejecución de contratos, contrario a la transparencia y seguridad que demanda la contratación pública.
A ello se suma que como parte de la ley se requerirían mejoras en el SICOP. Varias de ellas ya están en proceso y además se planificó el apagado del sistema para inicios de diciembre para lograr todos los requerimientos.
“Una eventual prórroga del plazo dispuesto como punto de partida para la entrada en vigencia de la ley podría entonces dilatar aún más tales ajustes o provocar una dualidad de sistemas”, señala la Contraloría.
“Postergar la entrada en vigencia de la ley impacta negativamente el proceso de elaboración y consolidación del texto que se realizó en su momento con éxito, en cuanto a los pilares sobre los cuales se determinó que se debía construir la regulación en materia de contratación pública, colocaría a los diferentes actores en un estado de inseguridad e incerteza de frente a los diferentes ajustes que se han ido realizando en el ordenamiento y a lo interno de la administraciones y pondría en riesgo el cumplimiento de compromisos asumidos por parte del país en esta materia”, contemplan.
La Contraloría respaldó el proceso para contar con una nueva ley de contratación administrativa (Alonso Solano/El Observador)
Un punto clave: el reglamento
Según la Contraloría, no se recomienda echar atrás máxime que ya habían avances para aplicar la ley.
Uno esencial era contar con el reglamento que permita la implementación total de la ley. Aunque se aduce que este no está firmado, la CGR recordó que desde julio hay una versión final lista. Esta pasó tanto por la institución como por el Ministerio de Hacienda e incluyó las observaciones hechas en el proceso de consulta pública.
De hecho, desde el punto de vista jurídico no es obligatorio que el reglamento esté listo al momento de entrada en vigencia de la ley.
Eso sí, los expertos aclaran que es una herramienta fundamental para poder aplicar una normativa; y sobre todo para garantizar la seguridad jurídica.
“La ley lo que hace es establecer una serie de parámetros, marca la cancha de juego. Después el reglamento viene y define ya a nivel de detalle, a nivel del día a día, mucho más operativo”, resaltó Walter Contreras, del área de Derecho Administrativo de EY Law.
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El experto fustiga que no se haya cumplido con la emisión del reglamento y advierte que hay áreas sensibles de la nueva ley que dependerían de lo que disponga el texto pendiente. Entre otras, aún no está claro cómo funcionarían las ofertas de proveedores en consorcio ni la disposición para que las compras públicas sean más inclusivas con las PYMES.
“Si la ley entra en vigencia el próximo jueves sin reglamento va a haber una serie de temas donde los operadores del derecho; en este caso los contratistas, las propias administraciones contratantes y porsupuesto nosotros los abogados vamos a tener margen para ponernos creativos y eso puede ser a veces un poquito peligroso”, indicó Contreras.
¿Qué cambios vendrían en Contratación Administrativa?
El abogado Contreras recordó también los llamados de atención hechos por la OCDE al sistema de compras públicas que mantenía Costa Rica.
“Esta nueva ley que está pronta a estar en vigor en gran medida es una respuesta a estas solicitudes que hizo la OCDE. Hay un tema principal aquí, importante, y es el tema de compras públicas transparentes, unificadas”, sostuvo.
Actualmente el país tiene un sistema atomizado de más de 20 sistemas de compras, cada uno con sus particularidades.
La ley nueva permitiría centralizar los trámites y abarcar ajustes como:
- Se usa solo el sistema SICOP, totalmente público y virtual
- Se crearía la Dirección de Contratación Pública a cargo del Ministerio de Hacienda
- Los plazos de contratación bajarían y se reducirá la intervención de la Contraloría
- Habrían solo 3 tamaños de contrataciones: mayor, menor y reducida
- Aplica sanciones a quienes ponen apelaciones sin sustento para atrasar contratos
- Funcionarían comités de expertos para monitorear la ejecución de contratos
