Paula Ruiz
El Plenario de la Asamblea Legislativa culminó esta tarde el trámite de mociones al proyecto de ley de Empleo Público, lo cual demandó un período de dos meses de discusiones.
El proceso, que inició desde el 22 de marzo, contempló 352 mociones de reiteración que previamente fueron rechazadas en la Comisión de Gobierno y Administración.
Además, se sumaron 188 revisiones a las mociones de reiteración que tuvieron voto negativo.
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Durante este lunes, se dio trámite a las últimas 17 votaciones. Todas ellas eran enmiendas planteadas por el frenteamplista José María Villalta.
El plan de Empleo Público es la principal carta negociada por el Gobierno para obtener un préstamo por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se quedan con gasolina
Una de las mociones rechazadas esta tarde fue la que buscaba eliminar el beneficio de 500 litros de combustible mensuales para los congresistas.
Aunque según alguno diputados este tema no tiene relación con el proyecto en discusión, Villalta defendió que esta se convirtió en una oportunidad de “dejar una señal” para suprimir la bonificación tanto para los actuales legisladores como para los venideros.
Pese a esto, hubo una reñida votación con 20 a favor y 21 en contra, lo que implicó su rechazo.
En la corriente legislativa hay dos iniciativas individuales de las oficialistas Paola Vega y Carolina Hidalgo que también pretenden eliminar este beneficio.
A las puertas de votación
Culminada la etapa de mociones del proyecto de Empleo Público, ahora la iniciativa de ley debe ser enviada a consulta de instituciones públicas y se tiene que publicar de forma oficial, resaltó Laura Guido, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Las entidades contarán con un plazo de ocho días para enviar su respuesta al Congreso, resaltó Silvia Hernández.
Posteriormente, iniciará su discusión para primer debate en el que cada diputado contará con 20 minutos para referirse al proyecto. Finalizado el debate, se procede a su votación.
Luego, se espera que sea enviado a consulta en la Sala Constitucional para lo cual se requieren como mínimo 10 firmas de diputados.
Los magistrados cuentan con un mes de plazo para responder los cuestionamientos de los congresistas y en caso de advertirse alguna enmienda, ésta deberá enmendarse antes de proseguir.
El proyecto de ley requiere 38 votos para su votación en segundo debate.
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