Tomás Gómez
Cada año las más de 500 empresas ubicadas en las zonas francas del país deben presentar un reporte sobre el cumplimiento de requisitos y compromisos. En algunos casos se piden diferentes adiciones, lo que eleva a más de 800 los documentos anuales.
De esos informes depende el mantenimiento de los beneficios para las empresas y trámites futuros, pero la responsabilidad de revisión recae en poco personal que tiene diversas tareas.
“Tenemos cómo 7 personas dedicadas solo a revisión de informes, más el personal que hace auditorías y asesorías”, reconoció este miércoles la gerente de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Laura López.
La jerarca concedió una entrevista tras la publicación de una evaluación de la Contraloría General de República, que encontró algunas falencias -sobre todo de plazos- en el seguimiento de las zonas francas.
La CGR advertía de rezagos de hasta dos años en las revisiones documentales. En contraposición, dio espacio al primer semestre del próximo año para enmendar la situación, lo que ha llevado a acelerar los ajustes en Procomer.
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López detalló que por un lado se trabaja con las empresas para reducir los márgenes de error y evitar trabajo extra; por otro adelantó que si bien se hacen mejoras con aspectos tecnológicos sí se requerirá de ampliar el recurso humano.
“Nosotros asesoramos a las empresas para que ojalá el informe llega correctamente establecido y haya mucho menos estos espacios de ir y venir en solicitud de más información. Eso por el bienestar de las empresas, por ahorrar tramitología, pero también justamente para que podamos disminuir la cantidad de carga en revisión de informes “, detalló López.
“Vamos a hacer más inversiones desde el fortalecimiento del personal hasta el fortalecimeinot de nuestros sistemas que nos permitan cerrar la brecha”, sumó.
Lo que se revisa
Según la jerarca, las revisiones con minuciosas. Las verificaciones abarcan controles como:
- Verificación del cumplimiento de la inversión
- Generación de los empleos acordados
- Cruce de pago de impuestos de actividades que no estén incluídos en el régimen de Zona Franca
- Revisión de que activos fijos cumplan normativa
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Otro punto sobre el que insistió es en que desde lo interno, ya tenían mapeadas áreas donde intervenir, lo cual coincidió con los hallazgos del ente contralor.
“El informe nos señala oportunidades de mejora las cuales no solo aceptamos, por supuesto, con mucha seriedad y con mucho compromiso. Sino que además ya veníamos trabajando”, acotó.
Según los datos incluídos por la Controlaría, las zonas francas entre 2020 y 2021 generaron exportaciones por $8.255 millones. Estos generaron 221.295 empleos directos e indirectos. Además, de 2017 a 2021 las exoneraciones habrían sido de $1.221 millones, pero a cambio generaron beneficios país netos promedio de $2.876 millones. (Archivo)
La lupa contralora en las Zonas Francas
A inicios de semana se publicaron los resultados de una auditoría de la CGR en Procomer y el Ministerio de Comercio Exterior respecto al tema de Zonas Francas.
Entre los señalamientos principales estaba lo relativo a plazos y seguimientos.
Por ejemplo, se destacó que una extensión de los plazos supuestamente reservados para concretarle los trámites a los interesados.
“Se determinó que si bien se cumplen los parámetros de ingreso al régimen la duración del proceso de solicitud es de 90 días; superior a la suma de plazos dispuestos normativamente de 26 días hábiles”, apuntó Julissa Sáenz, gerente de fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas.
Como parte de sus conclusiones, el ente contralor enlistó situaciones como:
- Existe “cumplimiento medio” de las normas de otorgamiento y control de beneficiarios
- Comex no cuenta con parámetros técnicos para dar el beneficio a empresas que anteriormente estaban incluídas.
- No existe homogeneidad en las valoraciones realizadas sobre empresas de la misma categoría para efectos de otorgar nuevamente el régimen.
El informe de la Contraloría menciona también algunos problemas en cuanto al monitoreo de las empresas una vez beneficiadas; así como con el análisis de cumplimiento de las promesas.
“Procomer tiene un rezago de hasta 2 años en la revisión de los informes anuales de operaciones que deben presentar las empresas beneficiarias en los cuales se revisan requisitos para la permanencia en el régimen”, detalló Sáenz.
En cuanto al ala positiva se destacaron aspectos como que todas las empresas beneficiadas cumplían con los parámetros obligatorios.
