Hermes Solano
El Poder Judicial aprobó el proyecto de presupuesto para el ejercicio económico del año 2022, que será entregado al Ministerio de Hacienda la próxima semana.
El monto aprobado es de ¢468.504 millones que representa, según la información divulgada por este poder de la República, una rebaja respecto al presupuesto del 2021.
Eso sí, la rebaja es mínima, apenas de un 0,06%, que significan ¢289 millones.
“El proyecto de presupuesto judicial para el ejercicio económico del año 2022 se apega a la Regla Fiscal y a las políticas restrictivas del Ministerio de Hacienda”, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz.
“Es un plan de gastos que cumple con los lineamientos de restricción que hemos recibido de las autoridades del Poder Ejecutivo”, añadió.
Del monto total aprobado, el gasto corriente se fijó en ¢443.456 millones y el gasto de capital en ¢25.047 millones.
El pasado martes la Corte Plena, con 19 votos a favor y solo 1 en contra aprobó el proyecto.
Lo que se decidió
Entre las decisiones que tomó el Poder Judicial a la hora de analizar el presupuesto fue no recortar el dinero de la Dirección de Tecnología para el año 2022.
Además, no se crean plazas nuevas y por restricción hacendaria, el presupuesto no se incrementa por costo de vida para ninguna clase de puesto de la institución.
Tampoco se autorizan alquileres nuevos, salvo los que por disposición legal u órdenes sanitarias, se tengan que ajustar.
Por su parte, los contratos en limpieza y vigilancia no se incrementan, salvo para cubrir los costos del impuesto al valor agregado.
Ejecución de leyes especiales
Dentro del presupuesto se formularon recursos específicos para avanzar en la implementación leyes especiales aprobadas sin contenido presupuestario.
La propuesta contempla recursos de forma prioritaria por ₡84 millones para la capacitación de las personas juzgadoras para la implementación del nuevo Código Procesal de Familia.
Además, se destinaron ₡113 millones para el equipamiento de laboratorio de los casos de la Ley de Bienestar Animal.
En cuanto a los requerimientos de crimen organizado la necesidad de remodelación de espacio físico y resguardo a la jurisdicción, con salas de juicio, acondicionamiento de celdas y zonas de seguridad se puso en ₡511 millones.
También se incluyeron recursos para la Reforma Procesal Agraria “ante la necesidad específica en diversas zonas del traslado del personal juzgador”.
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Montos faltantes
El Poder Judicial remitió al Ministerio de Hacienda los montos faltantes que se necesita para atender la implementación total de esas leyes especiales, en busca de que se valore la viabilidad.
De acuerdo con los estudios de la Dirección de Planificación se puntualizan los requerimientos anuales reales de estas leyes especiales que corresponden a:
- Ley de Bienestar Animal ₡666 millones
- Código Procesal de Familia ₡424 millones
- Código Procesal Agrario ₡460 millones
- Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada ₡19.469 millones
- Ley 9593 Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas ₡105 millones
- Ley 9582 Justicia Restaurativa ₡1.087 millones
El proyecto de presupuesto se remitirá al Ministerio de Hacienda antes de este martes, que es la fecha establecida por ley.
