Tomás Gómez
El fracaso del concurso para tener un nuevo proveedor de tobilleras de monitoreo electrónico tiene una consecuencia adicional: el mantener activo un polémico contrato por el mismo servicio con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Desde inicios del 2021, cuando el convenio estaba a punto de vencerse la Contraloría había frenado las intensiones del Ministerio de Justicia por prorrogarlo.
No obstante, el Ministerio encontró un portillo denominado “contrato adicional”. Según el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, este sistema podría implementarse por 24 meses o hasta que se defina al nuevo operador.
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Esa figura se aplicó durante todo el año anterior mientras se buscaba un nuevo proveedor y se mantendrá mientras se soluciona la situación.
“En febrero de 2021 la cartera ministerial acudió a esa normativa para firmar un contrato adicional con el actual proveedor, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, hasta por 24 meses o hasta que se cuente con el nuevo proveedor contratado (lo que suceda primero)”, detalló el Ministerio.
Hasta mediados de semana, 1.895 personas tenían el beneficio de usar tobillera. Por cada una se pagan $10,3 diarios.
Las tobilleras bajo cuestionamiento
El uso de tobilleras como alternativa a las cárceles estuvo marcado por cuestionamientos desde el inicio de su implementación.
Originalmente se financiarían mediante el BID pero luego se recurrió a prespuesto nacional y una contratación entre entes públicos, que evitó el largo proceso burocrático. Por el negocio compitieron Racsa y la ESPH; esta última ganó el concurso.
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Para cumplir, se hizo necesario una subcontratación, que también levantó roncha y tras varios conflictos incluso debieron sustituir al proveedor tercerizado.
El caso de las tobilleras incluso terminó judicializado en el expediente 18-000094-1218-PE, donde se investigaban supuestas irregularidades en el proceso.
Contrato se hace largo
El primer contrato de tobilleras se vencía a inicios del 2021.
Aunque desde el 2019 el Ministerio de Justicia avanzaba un concurso internacional para cambiar de proveedor hubo un cambio de jerarcas. La exministra Marcia González salió del cargo y en su lugar asumió Fiorella Salazar, quien frenó el plan para incorporar “lecciones aprendidas”.
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Dichos ajustes dilataron el lanzamiento del cartel hasta febrero del 2021, cuando el contrato estaba a punto de vencerse. En ese escenario fue que se amplió el vínculo con la ESPH y arrancó la búsqueda de una nueva empresa, lo cual no estuvo exento de polémicas.
El cartel requirió 50 ajustes y una ampliación de plazos que terminó sin resultados. Según anunció Justicia el 31 de diciembre pasado, la licitación se declaró infructuosa; ahora comenzará el periodo de apelaciones y si se mantiene el vacío, deberá abrirse un nuevo concurso.
