Juan Pablo Arias
Las políticas públicas que establezcan los gobiernos respecto a los productos alternativos al fumado (como vapeadores o calentadores de tabaco) plantean un reto para el equilibro entre la salud y la seguridad de los ciudadanos.
Ante la evidencia del perjuicio del fumado tradicional y el endurecimiento en las medidas contra los productos de combustión de tabaco, la industria tabacalera ha recurrido a desarrollar productos que contienen nicotina, pero que son considerados de “daño reducido”.
A estos se les llama “productos emergentes del tabaco” y tanto la industria como asociaciones de consumidores defienden que son opciones menos riesgosas para quienes no pueden dejar de fumar, o bien, para quienes voluntariamente eligen seguir consumiendo nicotina, por placer o por costumbre.
Pese a estos argumentos, en muchos países el tratamiento que se les ha dado es equivalente al de los cigarrillos tradicionales en cuanto a prohibiciones, restricciones e impuestos; una posición que es acuerpada por la Organización Mundial de la Salud.
Los vapeadores y calentadores de tabaco son algunos de los productos de daño reducido que se encuentran en el mercado. Autoridades de salud advierten que ninguno está libre de riesgos. (AFP)
Pero simultáneamente al establecimiento de regulaciones de salubridad más duras, los países han visto incrementar el contrabando y la falsificación de cigarrillos de combustión, así como su consumo en la población, lo que se traduce en un problema de seguridad, por su relación con estructuras criminales.
Frente a esta paradoja, una solución que ponen sobre la mesa algunos legisladores, asociaciones de consumidores y oenegés es una regulación menos dura con las alternativas emergentes, de manera que la población tenga menos incentivos para recurrir a los productos ilícitos.
Las autoridades de salud, empero, toman con recelo esta propuesta, pues la consideran un portillo para que jóvenes adopten el fumado.
Discusión en cumbre antitabaco
La décima conferencia del Convenio Marco para el Control del Tabaco (FCTC), que se desarrolló esta semana en Ciudad de Panamá, abordó la regulación y posible tratamiento que se podría dar a los productos emergentes.
Esta discusión excluyó a representantes de la industria y asociaciones de consumidores, pues el articulado del convenio así lo estipula.
A pesar de ello, durante las disertaciones delegados latinoamericanos culparon al sector industrial de no permitir avanzar en un mayor endurecimiento contra el fumado.
“Los productos de nicotina y tabaco novedosos y emergentes, [así] como la injerencia que representa la industria, son unos de los mayores obstáculos para la aplicación efectiva” del Convenio Marco, dijo el miércoles la delegada panameña Ivette Barrio, al leer una propuesta consensuada por los países latinoamericanos.
Existe un “conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de la política de salud pública”, añadió la viceministra de Salud panameña.
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La delegación costarricense la encabezó Esteban Solís, médico del Ministerio de Salud, entidad que ha mostrado una posición similar.
La OMS calcula que el tabaco mata anualmente a más de ocho millones de personas en el mundo, incluyendo 1,3 millones de fumadores pasivos expuestos al humo.
Regulación diferenciada
El debate sobre la posibilidad de establecer una regulación diferenciada para los productos que contienen nicotina -distintos al cigarrillo convencional- también tuvo lugar en Ciudad de Panamá, en una serie de eventos que reunió a legisladores de varios países, representantes de consumidores y oenegés.
El principal objetivo de la diferenciación es que las alternativas al fumado que demuestren una reducción del daño puedan tener restricciones y prohibiciones diferentes a las que ya fueron establecidas para los cigarrillos de combustión, tanto en publicidad como en empaquetado.
Un grupo de legisladores latinoamericanos, entre ellos las costarricenses Daniela Rojas y Johana Obando, acuerparon dicha propuesta en un panel del Segundo Foro Latinoamericano: Nicotina y reducción de riesgo.
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Una de las premisas para defender la diferenciación en el trato de productos con nicotina es que, al igualar las restricciones y prohibiciones, también se crea un incentivo para que se desarrolle un mercado negro.
En algunos países se da el mismo tratamiento en el empaque y etiquetado a los productos emergentes y a los cigarrillos de combustión. (AFP)
“Mantener las mismas restricciones y prohibiciones al vapeo que al cigarrillo ha provocado un incremento del contrabando y el comercio ilícito”, aseveró en el evento la diputada socialcristiana Daniela Rojas.
La legisladora advirtió que estas actividades al margen de la ley pueden, a su vez, acarrear un problema de seguridad, debido al trasiego y venta de productos cuyo origen no es trazable.
Contrabando ante encarecimiento
Para promover una reducción en el fumado los gobiernos del mundo -incluido el costarricense- han tomado varias medidas: restricciones a la venta, prohibiciones en la variedad de productos que se pueden comercializar e impuestos.
Ello con el fin de que los productos (tanto los tradicionales como los emergentes) sean menos atractivos para la población, entre otras cosas por ser más caros.
No obstante, este endurecimiento en las normas para comprar cigarrillos ha provocado que los consumidores -en su mayoría adictos a la nicotina- recurran a productos de menor calidad, a través de proveedores informales, explicó Alejo Campos, director de CBLA-Crime Stoppers, la filial latinoamericana de una ONG que promueve la denuncia ciudadana de ilícitos de manera anónima.
En su opinión, el resultado de estas políticas públicas antitabaco es contrario al que se busca.
“Hay un gran porcentaje de personas en el mundo que fuman cigarrillos de contrabando. Esto es una preocupación mayor en la salud, porque a los jóvenes de 14 o 15 años les es muy fácil conseguir una moneda, una moneda pequeña para comprar un solo cigarrillo. De alguna forma le estamos facilitando a los jóvenes a que accedan a este producto”, comentó Campos.
Alejo Campos, director de CBLA-Crime Stoppers, considera que las prohibiciones a los productos de tabaco de daño reducido están repercutiendo en un aumento del contrabando. (Juan Pablo Arias/El Observador)
Otra de las consecuencias son las pérdidas millonarias en la recaudación de impuestos, porque buena parte de los consumidores se decantan por los cigarrillos ilícitos -más baratos- para evitar los elevados tributos que sí pagan los productos elaborados por las industrias formales.
“La verdad es que el que fuma, por más que le aumenten el precio no va a dejar de comprar el producto; lo que va a hacer es buscar el producto en el mercado ilegal, que es mucho más barato y que además, hoy en día hay tiene una gama enorme de cigarrillos”, agregó Campos.
Datos recopilados por el Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) de la Cámara de Comercio de Costa Rica revelaron que para el 2023 cerca del 45% del consumo total de cigarrillos en el país provino del contrabando.
Estructuras criminales
Por tratarse de un mercado al margen de la ley y la regulación, el contrabando sirve de puerta de entrada a otro tipo de estructuras criminales, que utilizan el comercio ilegal de mercancías como mecanismo de financiamiento.
“El contrabando es un detonante de la inseguridad que enfrenta Costa Rica, ya que está estrechamente vinculado con otros delitos como el narcotráfico y el lavado de activos”, opinó Ricardo Carvajal, director ejecutivo del Observatorio de Comercio Ilícito.
Con esta opinión está de acuerdo Alejo Campos de CBLA-Crime Stoppers: “Hay un tema de fortalecimiento del crimen organizado, porque quienes están atrás de esa cajetilla de cigarrillos no son contrabandistas menores, no es el contrabandista de la barriada de toda la vida. Son estructuras criminales que se encargan de mover este producto y son las mismas que hoy en día mueven cocaína, mueven personas, mueven armas a nivel transnacional y que a nivel local operan a través de las bandas y de las pandillas”, dijo.
Explicó que dichas estructuras criminales suelen decidir el comercio minoritario en el territorio donde operan.
“Mayoritariamente son los cigarrillos de contrabando, porque es donde ellos tienen una gran ganancia económica: la diferencia en el precio entre uno y otro hace que el mercado ilegal sea sumamente atractivo. Y la diferencia se debe a la cantidad de impuestos directos e indirectos y especiales que tienen este tipo de productos en todos nuestros países. Porque se crean estos impuestos con una falsa percepción, muchas veces de que al aumentar el precio, el consumidor va a dejar de comprar el producto”, comentó Campos.
Origen e incidencia en Costa Rica
De acuerdo con el director de CBLA-Crime Stoppers, los cigarrillos de contrabando que se encuentran en la región latinoamericana provienen mayoritariamente de Asia e ingresan por Panamá, donde queda una parte y luego se distribuye otra parte por tierra o por mar hacia los otros países.
“La zona libre de Colón tiene un rol protagónico, de alguna forma, en la cadena logística del contrabando de cigarrillos. De ahí salen por tierra para Paso Canoas, para llegar a Costa Rica… desde Costa Rica algunos entran a Nicaragua, pero más que nada acaban en el mercado de Costa Rica”, puntualizó sobre el caso nacional.
En opinión de este experto, el incremento en la criminalidad en el territorio costarricense se relaciona directamente con el contrabando, pues es la fuente del ingreso económico que financia la operatividad de otras estructuras criminales.
“No es casual que también empieza a aumentar el tema del contrabando de cigarrillos, porque sin lugar a dudas van a usar este como otros productos para generar dinero fácil para poder financiar la operatividad criminal que está teniendo Costa Rica ahora”, opinó Campos, quien considera que también es la base del enfrentamiento interno entre bandas por el control territorial, para desarrollar otros delitos como el narcotráfico.
Su análisis es similar al que ha reiterado el fiscal general, Carlo Díaz, quien ha dicho que la alta criminalidad reciente se relaciona con disputas entre bandas locales.
A partir de mañana lunes, se llevará a cabo la tercera conferencia de seguimiento del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (MOP3), con la participación de casi 70 países.
Con información de AFP. Colaboraron los periodistas Hermes Solano y Gustavo Martínez.
