Tomás Gómez
El Juzgado Penal de Buenos Aires dictó el sobreseimiento a tres personas a la que se les achacaba la supuesta autoría intelectual en el proceso judicial por la muerte del dirigente indígena Sergio Rojas, ocurrida en marzo del 2019.
“Se dictó fallo de sobreseimiento definitivo por parte del juzgado el pasado 8 de enero del 2024 en favor de los imputados Zúñiga, Zúñiga y Guevara”, señaló el Poder Judicial.
La medida se emitió el 8 de enero y aún puede ser revisada. “Dicha decisión fue notificada ese mismo día y está pendiente de apelación por las partes”, sumó.
En 2020 ya se había pedido el cierre del expediente por la falta de pruebas, incluyendo que no hubo testigos. El caso siguió adelante en ese momento, pero ahora se anuncia el cierre.
En específico, el juez del proceso, José Campos, no acogió las eventuales hipótesis de que los sospechos hubieran encargado el asesinato. Aún con entrevistas a personas que hicieran referencia a esa eventual transacción, las evidencias recabadas no lograban sostener la hipótesis.
“Costa Rica tiene un sistema penal bastante garantista. Para condenar a alguien tiene que haber prueba suficiente para que no haya grave duda que la persona, o las personas, cometieron un delito”, detalló Óscar Retana, abogado de la familia de la víctima.
“En este caso la prueba que hay en el expediente no permitió tener ese grado de certeza”, continuó.
El jurista apuntó también que no buscarán la apelacíón. Por el contrario, se piensa en instancias internacionales para reclamar en ellas los estándares de justicia que se piden.
Se consultó a la Fiscalía por la posición ante la resolución pero no se había recibido respuesta al cierre de esta nota.
El caso de Sergio Rojas
Rojas recibió múltiples balazos el día que falleció.
Durante varios años, fue él quien lideró los procesos para la recuperación de tierras en la zona indígena de Salitre.
Tras su muerte, la propia Fiscalía comentó que las supuestas amenazas sobre la vida del dirigente social nunca fueron denunciadas en la vía judicial.
En el caso habían intervenido incluso entes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En mayo del 2019, el ente hizo una visita en terreno para ver los conflictos registrados en los territorios Teribe y Bribri, en el sur del país, los cuales cuentan con medidas cautelares de protección de la propia Comisión.
La representación de las Naciones Unidas en Costa Rica, por su parte, ha hecho otros llamados, junto a organizaciones de derechos de las comunidades indígenas, para que se garantice la justicia en este caso.
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