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Posibilidad de que Jornadas 4/3 vayan a Sala IV sigue latente; Gobierno a la expectativa de qué se resolvería

La discusión del proyecto de ley de las Jornadas 4/3 por fin está cerca de terminar su complejo proceso de mociones, mientras sigue determinándose cuál sería la versión final de la iniciativa.

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 3 minutos
Posibilidad de que Jornadas 4/3 vayan a Sala IV sigue latente; Gobierno a la expectativa de qué se resolvería
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La discusión del proyecto de ley de las Jornadas 4/3 por fin está cerca de terminar su complejo proceso de mociones y mientras sigue determinándose cuál sería la versión final de la iniciativa, sigue activa la posibilidad de pedirle a la Sala Constitucional revisar el trámite. 

De momento ya se analizaron todas las propuestas de modificaciones  (más de 800) y quedan pendientes las últimas peticiones de revisar dichos acuerdos. 

Una vez cerrada esa etapa tocará hacer un primer debate, donde los diputados votarán a favor o en contra.

Concretado este paso hay dos vías de avance. Una es que en pocos días se le de la segunda y definitiva votación, y otra que 10 o más diputados lo manden a revisión en la Sala IV.

Ahí habría tres posibilidades

  • Que la Sala encuentra errores de procedimiento el proceso debe anularse hasta el momento del problema y reiniciar a partir de ese punto.
  • Que a solicitud de los diputados se vean posibles inconstitucionalidades, las cuales podrían enmendarse durante o posterior a la aprobación del proyecto.
  • O que el texto pase sin problemas.

La apuesta del Gobierno

El plan de Jornadas 4/3 ha sido una de las banderas del actual Gobierno desde su inicio. De hecho, en las actuales sesiones extraordinarias de la Asamblea el Poder Ejecutivo decide la agenda del Congreso y su principal apuesta fue concentrar el mayor tiempo posible en su trámite.

A punto de finalizar este trimestre de extraordinarias, la Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, apunta que están a la espera porque el cronograma sigue complejo.

“El problema que tenemos en este momento es que hay días que son feriados, por ejemplo el 24 de julio que es lunes, el 25 que hay sesión del Consejo de Gobierno en Guanacaste, los diputados también, entonces eso va a hacer que se pierdan algunos de los días que se tenían previstos para discutir el proyecto”, dijo.

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A eso se suma también que hay que ver presupuestos.

Eso sí, aunque el 31 de julio termina el dominio de Zapote sobre la agenda legislativa, el modelo de procedimiento rápido otorgado a Jornadas permite que su discusión siga activada.

Sobre la posibilidad de que el texto vaya a la Sala Constitucional, Díaz mostró la expectativa y posibles vías de abordaje.

“Probablemente así será. Creo que tiene las firmas de algunos de los diputados, son 10 diputados lo que tienen que firmar esa consulta. Esperaremos entonces que es lo que dice la Sala al respecto para ya sea corregir o tomar las decisiones correspondientes”, manifestó.

 

Opciones para las jornadas

El formato final que tendrían las jornadas extraordinarias sigue en desarrollo. Dentro de las mociones se votó una de consenso, identificada como la 731.

Esta fue una propuesta del oficialismo junto a Nueva República, Unidad Social Cristiana y el Liberal Progresista. Habilitaría las jornadas para:

  • Manufactura técnica
  • Dispositivos médicos
  • Servicios de apoyo para esas industrias
  • Servicios corporativos de naturaleza de 24 Horas
  • Servicios privados de salud

Dentro del debate hubo también otras polémicas, como la moción que eliminó la posibilidad de acumular las jornadas de trabajo y que esperaban sectores como turismo.

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También se acogió otra enmienda proveniente de la socialcristiana María Marta Carballo, que adiciona un nuevo artículo 4 al proyecto de ley para que la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, del Ministerio de Trabajo se encargue de la fiscalización y cumplimiento de la normativa.

Además, obliga al Ministerio de Hacienda a garantizar el traslado de los recursos a esa Dirección.

En caso de no hacerlo, el jerarca o funcionario de Hacienda incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes en la función pública.