Paula Ruiz
Dos estudiantes del Liceo de Costa Rica presentaron un recurso de amparo para frenar el traspaso de un terreno del Liceo de Costa Rica al Ministerio de Educación Pública (MEP).
El recurso, interpuesto ante los magistrados de la Sala Constitucional, fue presentado por Luis Fernando Orozco, presidente del Comité Ejecutivo del Gobierno Estudiantil, y Andrés Tejada, estudiante de undécimo año.
El procedimiento legal es en contra del MEP y la Junta Administrativa del Liceo.
De acuerdo con los recurrentes, el 9 de junio se firmó el “Convenio de Cooperación Interinstitucional” por varios ministros de Estado y Yesenia Mathiew como presidenta de la Junta.
Detalles del recurso
Sobre el convenio, los estudiantes presentaron dos argumentos, uno de ellos relacionado con el nombramiento de Mathiew.
“Fue nombrada al margen de la Ley Fundamental de Educación 2160 art. 41 y 43, no siendo fruto de las ternas del Consejo de Profesores, sino un acto administrativo impuesto por el Concejo Municipal de San José.
“(Esto) en colusión con mandos medios del MEP, recayendo en la probabilidad del delito de nombramiento ilegal, que motivó la separación del cargo de la Sra. Yesenia Mathiew Rodríguez por parte del Juez Penal de Goicoechea, no siendo una persona nombrada al tenor de la ley”, indican los recurrentes.
El otro aspecto se relaciona con que el convenio lleva a una vulneración al derecho a la educación.
El texto argumenta que, desde el 2012, la Sala Constitucional ordenó el desalojo de la propiedad que es utilizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a fin del goce del Liceo de Costa Rica.
Dicho inmueble era alquilado por la Junta al MOPT, en una suma mensual aproximada de ¢18 millones.
“Sin beneficio”
Con el traspaso del terreno, no hay ningún beneficio para la población estudiantil y se limitaría el crecimiento del colegio, según aducen Orozco y Tejada.
Ante esto, los liceístas solicitan a la Sala Constitucional la anulación de la cláusula del convenio en el que se acuerda traspasar el inmueble.
Asimismo, piden “que se le ordene al Ministerio de Educación Pública y la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, abstenerse de realizar dichas gestiones de traspaso por atentar en contra de intereses de los menores”, según señala el documento presentado ante los magistrados.
Finalmente, que en caso de declarar el terreno de utilidad pública, se obligue la derogatoria de la Ley 5570 que dio origen a la posesión del terreno por parte del Liceo.
“La Ley 5570, como es obvio, fue el producto de la promulgación y proceso formativo de una norma, lógico es que, para dejarla sin efecto, derogarla, deba de la misma forma ocupar un procedimiento legislativo, no es propio ocupar un Reglamento de Juntas mediante la aplicación de un convenio para derogar una ley o dejarla sin aplicación”, explican los estudiantes en el recurso.
Finalmente, los liceístas estiman que el terreno tiene un valor de ¢4.000 millones y por tanto, se les debería de indemnizar o comprar.
OBSERVE MÁS: MEP sin planes de promover derogatoria de Ley que favoreció traspaso de terreno al Liceo de Costa Rica
El convenio se firmó el 9 de junio entre Yesenia Mathiew, presidenta de la Junta del Liceo de Costa Rica, y los ministros Luis Amador y Anna Katharina Müller, además de Jéssica Martínez, ahora exjerarca de Vivienda. (MEP)
Ciudad Gobierno
El objetivo del convenio para traspasar el terreno a manos del MEP tiene como fin la construcción de Ciudad Gobierno, cuyo complejo de edificios pretende albergar a 11.000 funcionarios de 35 instituciones públicas.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, aseguró que el inmueble es propiedad del Ministerio y que las instalaciones ocupadas actualmente por el Liceo de Costa Rica, no forman parte de Ciudad Gobierno.
Además del recurso de amparo, también hay una demanda interpuesta por el abogado, Francis Tejada, y Fernando Orozco, presidente del gobierno estudiantil de Liceo, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda .
Estos últimos reclaman que el MEP se basó en un reglamento por encima de una Ley de la República y, además, aseguran que se presionó a la Junta Administrativa para la firma del convenio.
Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, criticó este tipo de acciones que, a su criterio, solo buscan entorpecer proyectos beneficiosos para el país.
“El deporte nacional es volar serrucho y hacer que nada salga. Es gente que no tiene conciencia, que no se da cuenta que hacer una Ciudad Gobierno no solo le ahorra recursos al país sino que también empieza a generar un cambio en la ciudad que tiene sectores feítos, seamos honestos”, dijo a El Observador.
Por su parte, el abogado defendió que no se busca impedir la realización del proyecto.
“Solo queremos que nos den trato de propietarios y no pretendan despojarnos de una propiedad concedida por imperio de la Ley aplicándonos un reglamento de menor rango. Esto violenta el principio de jerarquía de normas y el de paralelismo de las formas”, expuso.
Hasta la fecha, el Gobierno solo contempla la expropiación de 13 terrenos.
Laura Fernández, ministra de Planificación, aclaró que los terrenos actualmente utilizados por el Liceo no serán tocados para el proyecto. (Alonso Solano / El Observador)
OBSERVE MÁS: BCIE a la espera de que el Ejecutivo complete etapas para proceder con licitaciones sobre Ciudad Gobierno
