Paula Ruiz
El Ministerio de Educación Pública (MEP) no tiene entre sus planes impulsar una legislación desde el Poder Ejecutivo para derogar la Ley 5570, que permitió en 1974 el traslado de un terreno al Liceo de Costa Rica.
Para la entidad, es suficiente con el reglamento de Juntas de Educación y Juntas Administrativas que se creó por Decreto Ejecutivo desde 2010, para justificar el traslado del inmueble mediante un convenio que se firmó en junio pasado.
“El Ministerio de Educación Pública, no tiene por los momentos planeado presentar una propuesta de Ley para derogar la ley 5570”, respondió la institución ante la consulta de este medio.
El abogado Francis Tejada y el estudiante Luis Fernando Orozco, presidente del Gobierno Estudiantil del Liceo, expusieron ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que la Ley 5580 se promulgó con una normativa de rango inferior y, con base en el paralelismo de las formas y de la jerarquía de las normativas, básicamente se está derogando mediante el convenio firmado en junio.
Según él, una Ley no puede ser derogada mediante un Reglamento sino que debe de realizarse un procedimiento legislativo al respecto dado que fue en el Primer Poder de la República donde se creó esa legislación con anterioridad.
¿Por qué sí?
Pese a esto, en el MEP defienden que sí es posible realizar el traspaso mediante reglamento, pese a tratarse de una Ley de la República.
El Ministerio se basa en un dictamen de la Procuraduría General de la República numeral C-386-2003 de 09 de diciembre del 2003 donde se destaca que Estado ejerce sobre las Juntas una tutela administrativa para llevar a cabo la política educativa.
“Respecto de las Juntas, como es lógico suponer respecto de la Administración Pública descentralizada, el Estado, como ente público mayor, ejerce sobre ellas una tutela administrativa al orientar, de forma general, su actuación, para lograr así una mayor coherencia y unidad en la satisfacción de los intereses públicos relacionados con la política educativa oficial”, indica la respuesta ante una consulta de la Municipalidad de San José.
Adicionalmente, argumentan que las Juntas están sujetas a la Ley de Contratación Administrativa y de las autoridades competentes del Ministerio de Educación Pública, en cuanto al uso y destino de los bienes.
El MEP destacó que en el Registro Inmobiliario, la finca sale inscrita a nombre del Liceo y no constan afectaciones, gravámenes o anotaciones.
Por esto, no hay nada que impida “a su propietario registral disponer de dicho bien en los términos que detalla el artículo 146 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas Nº 38249-MEP, el cual señala en lo conducente que: (…) “Las Juntas de los centros educativos cuyos terrenos no se encuentren debidamente inscritos, a nombre del Ministerio de Educación Pública, deberán coordinar con la DIEE para realizar los trámites que corresponda ante la Notaría del Estado, para la debida inscripción”, respondió la institución.
El traspaso se realizó el 9 de junio por parte de varios ministros de Gobierno y Yesenia Mathew, como presidenta de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, mediante un convenio interinstitucional.
Mathew es una de las investigadas por el Ministerio Público después de realizar allanamientos en este y dos colegios más ubicados en San José.
Junto a ella, otras 19 personas están siendo sujeto de investigación por aparente malversación de fondos y a la vez, se aducen posibles irregularidades con los nombramientos de quienes integran las Juntas.
Quienes se oponen al traspaso del terreno, buscan que el convenio no proceda pues aducen que dicho nombramiento estaría cuestionado.
OBSERVE MÁS: Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica firmó convenio para trasladar terreno al MEP
El inmueble principal del Liceo de Costa Rica no está implicado en este convenio. (Alonso Solano / El Observador)
