Manuel Sancho
Tras casi nueve horas de muchas tensiones en Casa Presidencial, el aumento del escándalo y la crisis por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), y un silencio en todas sus vías de comunicación, el presidente Carlos Alvarado dio un escueto mensaje ante la situación.
Pasadas las 4:30 p.m. de este viernes, el mandatario dio declaraciones en un video de un minuto. En el corto mensaje, Alvarado reiteró que desde hace varios días puso a disposición toda la información alrededor del decreto de creación y de la operación de la UPAD, al Ministerio Público, adelantándose a que tendría que cumplir con la normativa cuando eventualmente se diera el acto judicial.
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Este llego hoy por la mañana, cuando en el octavo día del escándalo por la UPAD, el Ministerio Público procedió a recolectar pruebas en la sede del Poder Ejecutivo. Las diligencias arrancaron a las 8:00 a.m., dirigidas por la fiscal General, Emilia Navas. La operación ha incluido 10 allanamientos relacionados con la investigación que se tramita por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
“Días atrás ordené que se paralizara el trabajo de estas personas e instruí que se preservara la información y se pusiera a la disposición del Ministerio Público”, justificó Alvarado en su único mensaje de este viernes.
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Ante los operativos judiciales, el presidente mencionó que ·es la forma en que nuestra institucionalidad democrática puede dar a conocer la verdad y dar confianza a la ciudadanía”. Agregó que “debe seguir su debido proceso”. “Es nuestro deseo facilitarlo”, afirmó en el video.
“Confío en nuestra democracia y la fortaleza de instituciones. Ahora es momento de ir adelante y seguir trabajando”, dijo intentando pasar la página de una severa crisis que compromete al Poder Ejecutivo, antes de la mitad del mandato.
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Siete días de crisis
La intervención de la Fiscalía fue demandada por diputados, expertos y el propio Gobierno desde el fin de semana. Hasta el jueves, el ente acusador ya manejaba tres denuncias penales contra la creación de la UPAD.
En las denuncias se señaló a los firmantes del decreto de creación de la Unidad: el presiente Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
Además de los poderes que el Gobierno se autoasignó con el decreto, se ha cuestionado también el manejo de datos y la posesión de información en las computadoras personales de los funcionarios de Casa Presidencial.
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Durante la mañana Casa Presidencial ocultó a Alvarado, quien tampoco ha respondido consultas de la prensa desde el inicio de la situación el viernes pasado, cuando trascendió la firma del decreto, su publicación en La Gaceta y la posterior derogación.
Minutos antes de las 5:30 p.m., tras consultársele si el presidente ya había sido indagado, zapote solo respondió que él ingresó a las 9:35 a.m. “y desde entonces ha estado disponible para colaborar”, sin confirmar ni negar la posible indagatoria.
Esta tarde, El Observador reveló que la UPAD intentó acceder información crediticia de los costarricenses, que es confidencial.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) confirmó este viernes que el asesor presidencial, Alejandro Madrigal, les propuso un convenio para intercambiar datos del Centro de Información Crediticia (CIC) lo que el superintendente Bernardo Alfaro calificó como “totalmente improcedente”.
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Manuel Sancho
