Josué Alvarado
Ni el presidente del Banco de Costa Rica (BCR), Fernando Víquez, ni el gerente general de la Sociedad Administradora de Fondos Inmobiliarios (BCR SAFI), Allan Marín Roldán, asistieron a la comparecencia legislativa para la cual fueron convocados este jueves 7 de diciembre.
Ambos fueron llamados a comparecer en la Asamblea Legislativa en medio de las denuncias por un supuesto “modus operandi” a lo interno de la sociedad, a través del cual, se presume, se compraban propiedades a sobreprecio, en detrimento de cientos de inversionistas.
La convocatoria se les hizo para la 1 p.m. de este jueves, pero ninguno se presentó.
OBSERVE MÁS: BCR SAFI compró polémico parque empresarial en Puntarenas pese a obras clausuradas y sin permisos municipales
Gerente no presentó justificación
La secretaria de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Vanessa Castro, leyó las justificaciones que presentó cada uno para ausentarse.
Vía correo electrónico el presidente del banco informó:
“Debo declinar mi participación pues precisamente vengo saliendo de la clínica (una cita médica programada hace varios días) en la que me fue realizada una cirugía, motivo por el cual no estaré disponible hasta después del próximo viernes”.
La presidenta de la comisión, Dinorah Barquero, dijo que las situaciones médicas son “justa causa” para ausentarse a las convocatorias legislativas. Sin embargo, considera que Allan Marín no presentó justificación.
“No nos manda una justificación donde nos exponga qué es una causa justa, se les hizo la solicitud de que nos adicionara pero no ocurrió así”, comentó Barquero.
Marín informó vía correo electrónico que: “Debido a compromisos previamente adquiridos e impostergables en tan coto plazo me resulta imposible asistir a la sesión programada para ese día”.
Ambos se pusieron a disposición de los diputados de la comisión para acordar una nueva fecha y comparecer.
OBSERVE MÁS: “Fue un fraude ejecutado a la luz del día”, se quejan inversionistas de BCR SAFI ante diputados
Este 6 de diciembre comparecieron en la misma comisión algunos de los inversionistas afectados por este caso y de los que han liderado las denuncias públicas, entre ellos el exdiputado Rodrigo Carazo.
“Fue un robo al dinero de más de mil y pico de costarricenses, de ahorrantes de la tercera edad”, indicó Carazo a los diputados.
“Nos metieron la mano a la bolsa a la luz del día, amparados en el anonimato y la declaración de documentos confidenciales”, siguió en su declaración.
Diputados piden tiempo para estudiar el caso
Durante la comparecencia del miércoles, el órgano legislativo tomó la determinación de no realizar preguntas en sesión, pues consideraron que es importante revisar bien la información antes de entrar en detalle sobre el análisis de lo ocurrido.
Por eso, los inversionistas serán convocados en enero a una nueva audiencia para ahondar en la investigación.
Este jueves se reiteró la discusión. Las legisladoras Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Kattia Cambronero del Partido Liberal Progresista (PLP) coincidieron en que era necesario más tiempo para poder analizar los datos antes de hacer preguntas.
Mientras que el diputado oficialista Daniel Vargas señaló que a los representantes del banco se les convocó con 24 horas de anticipación, lo que también complica la asistencia y que se preparen.
La presidenta de la comisión refutó señalando que el expediente está abierto desde setiembre anterior, por lo que desde ese mes los asesores de cada despacho debieron iniciar el análisis para la etapa de entrevistas que está iniciando.
