Hermes Solano
La Procuraduría General de la República (PGR) le dijo al Ministerio de Salud que los problemas de nombramientos en la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) no les quitan validez a los acuerdos tomados por este órgano, incluido el de la vacunación obligatoria.
La opinión jurídica del ente refuerza el hecho de que la vacunación contra el covid-19 sigue siendo obligatoria, más allá de los anuncios y decretos que ha firmado el presidente Rodrigo Chaves.
Esto se da luego de que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, en conjunto con el presidente Rodrigo Chaves, anunciaron que dos personas tenían vencidos los nombramientos en la Comisión y eso transgredía los acuerdos tomados.
El 8 de agosto anterior la Procuraduría recibió el oficio MS-DM-RM-4197-2022 por parte del Ministerio de Salud, con varias consultas sobre la integración y funcionamiento de la comisión de vacunación.
“No es posible afirmar que los problemas de investidura de alguno de los integrantes de un órgano colegiado del sector público impliquen, necesariamente, la invalidez de todos los acuerdos adoptados por el órgano”.
Así se lee en la primera conclusión del documento de 15 páginas mediante el cual, el abogado del Estado, respondió las consultas de Salud con fecha 12 de agosto del 2022.
“Por el contrario, razones de interés público y de seguridad jurídica, justifican reputar esos actos como válidos, siempre que concurran los requisitos dispuestos para ello en el ordenamiento jurídico”, agrega el documento.
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Sin obligación
El 3 de agosto pasado, el presidente Chaves anunció que la vacuna contra el covid-19 dejaba de ser obligatoria.
“Hoy las vacunas ya no son obligatorias y cualquier acción contra alguien que no se quiera vacunar es una violación de la ley”, enfatizó el mandatario, casi dos tres meses después de que en su primer Consejo de Gobierno anunció que iba a eliminarlo.
Sin embargo, el 26 de mayo la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología recomendó que se mantuviera la obligatoriedad en trabajadores del sector público y privado.
Para Chaves, esto significó ir en contra de las recomendaciones hechas desde abril del 2021 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Procuraduría señaló, en el criterio enviado a Salud, que para declarar la validez de los acuerdos de un órgano colegiado como la CNVE por problemas de investidura deben “demostrar que la ausencia o la irregularidad de esa investidura había sido ya declarada administrativa o jurisdiccionalmente o que la conducta no se desarrolló en forma pública, pacífica, continua y normalmente acomodada a derecho”.
Además, argumentó que debe ser la misma Comisión de Vacunación que defina si existe motivo para declarar la nulidad de los acuerdos.
Sin respuesta
El Observador consultó esta tarde al Ministerio de Salud respecto al criterio dado por la Procuraduría.
Vía telefónica señalaron que se debía hacer la consulta a través del correo electrónico para seguir el proceso de respuesta. Hasta el cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
Posterior al anuncio de Chaves del 3 de agosto sobre la vacunación obligatoria, el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos, indicó que iban a mantener la vacunación hasta tanto no hubiese un nuevo decreto firmado.
La PGR le dejó en claro a Salud que la participación de ellos en la eventual anulación de acuerdos adoptados por un órgano colegiado del sector público, “solo sería necesaria en caso de que dicha anulación verse sobre actos concretos declarativos de derechos, que presenten una nulidad susceptible de ser catalogada”.
