Hermes Solano
Desde este lunes inició la audiencia preliminar contra el exmagistrado Celso Gamboa, el importador de cemento Juan Carlos Bolaños y un primo suyo llamado Javier Rojas.
El caso se relaciona con el viaje que realizó Gamboa a Panamá en 2016 y que habría sido pagado por Bolaños.
El Ministerio Público presentó acusación por este hecho y estará en audiencia preliminar hasta el 19 de agosto.
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó querella y acción civil resarcitoria contra los tres imputados del caso.
Así lo dio a conocer este martes a través de un comunicado de prensa, en el que señaló el monto solicitado, que es un total de ¢25 millones por daño social contra el Estado.
De esos, está solicitando ¢10 millones al exmagistrado, quien al momento del viaje era el subjefe del Ministerio Público.
“Nuestra pretensión es que se condene a cada imputado civilmente responsable a pagar a favor del Estado, por el daño social provocado y que se ha estimado en la suma de Diez millones de colones exactos (¢10.000.000), tanto para Celso Gamboa Sánchez y Juan Carlos Bolaños Rojas”, indicó la Procuraduría.
“Y la suma de Cinco millones de colones (¢5.000.000) para Javier Rojas Segura; para un total de Veinticinco millones de colones (¢25.000.000)”, añadió.
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Acusados
El caso se tramita bajo el expediente 17-000015-0033-PE. Según la investigación realizada por las autoridades, los tiquetes y el hospedaje del viaje a Panamá habrían sido pagados supuestamente por Rojas, quien era el gerente de negocios de Juan Carlos Bolaños.
A Gamboa se le atribuyen los delitos de: cohecho propio, incumplimiento de deberes; así como dos delitos de tráfico de influencias agravados y un delito de fraude de ley.
Por su parte, sobre Bolaños, que está acusada en dos casos más relacionados al “Cementazo”, se le atribuye un delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio.
También, dos delitos de tráfico de influencias agravados. Todos concurren en concurso material, y se atribuyen como consumados y en calidad de autor.
Mientras tanto, a Rojas se le imputa un delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio, atribuyéndoselo como consumado y en calidad de cómplice.
“A la determinación económica del daño social, deberá sumársele los intereses, indexación y costas”, señaló la Procuraduría.
