Hermes Solano
La familia de la joven Luany Salazar, asesinada en junio de 2020 en La Unión de Tres Ríos, presentó este martes una querella y una acción civil resarcitoria contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza.
Así lo confirmó el abogado Joseph Rivera, quien llevó la parte querellante en el juicio por homicidio.
Contra Espinoza se presentaron cuatro querellas y también cuatro acciones civiles resarcitorias. Cada una de ellas por ¢50 millones, para un total de ¢200 millones.
Las acciones las presentaron la madre de Luany, así como su hermano y su padrastro. También un hombre mencionado por el jefe judicial en una audiencia en la Asamblea Legislativa.
“Querellamos a Wálter Espinoza por el delito de divulgación de secretos que hizo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico”, señaló Rivera.
Espinoza estuvo en esa comisión el 25 de junio de 2020, donde dijo dio detalles de la vida de la joven, a la que involucró como pareja sentimental de un supuesto sicario y narcotraficante.
OBSERVE MÁS: Nuevo juicio por asesinato de Luany Salazar ya tiene fecha: pedirán 50 años de cárcel para homicida
Joseph Rivera, abogado de la familia de Luany Salazar.
Exdiputados testigos
Según el abogado querellante, ellos presentarán como testigos de estas denuncias a los exdiputados José María Villalta y Paola Vega, quienes fueron parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la que habló Espinoza.
Al director del OIJ lo sancionó Corte Plena en noviembre de 2021 por esas declaraciones.
Espinoza recibió una amonestación escrita por “causar grave daño” a la imagen de Luany Salazar, luego del voto de 18 magistrados.
En julio del año anterior, a Kenneth Mejía Chavarría lo declararon culpable y recibió una sentencia de 19 años de cárcel por el asesinato de Salazar.
El Ministerio Público apeló esa pena y también la parte querellante. El Tribunal de Apelaciones les dio la razón y por eso habrá un nuevo juicio en agosto.
Las fechas previstas para este nuevo proceso son el 16, 17, 18 y 19 de agosto en los Tribunales de Cartago.
El pedido de sentencia es de 50 años, 35 por homicidio calificado y 15 por robo agravado.
