Krissia Morris Gray
Alcaldes de diferentes partes del país se unieron para denunciar la pretensión del Ministerio de Hacienda de recortar ¢29.244 millones, del presupuesto nacional del 2022 enviado a la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con las organizaciones que agrupan a las municipalidades e intendencias del país, Hacienda debería incluir una transferecia a los ayuntamientos por la suma de ¢109.000 millones y no los ¢80.000 millones presentados.
Los ediles hicieron un llamado a los diputados a no aprobar el presupuesto tal y como lo envió el Ministerio de Hacienda. De lo contario, se afectarían las labores de reparación y mantenimiento de caminos cantonales que hacen los gobiernos locales.
Johnny Araya, alcalde de la Municipalidad de San José y presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) sostuvo que el recorte es ilegal. Según él, este no corresponde al porcentaje que les toca a las municipalidades, por lo que le pidió a los diputados respetar el presupuesto
Aseguró que las municipalidades atienden 35.000 kilómetros de la red vial del país. Esto representa un 80%, mientras que el Consejo Nacional de Vialidad atiende el 20%.
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“Hay desequilibrio en la ley para el destino de los recursos y ahora nos quieren quitar ¢30.000 millones. El país está urgido en reactivación de la economía y de hacer inversión en infraestructura pública”, reafirmó Araya.
Araya recordó que debido a que los contratos de conservación vial del Conavi están suspendidos, los gobiernos locales se han visto en la obligación de atender las labores desatendidas en distintas vías nacionales.
De aprobarse el proyecto tal y como está, implicaría una suspensión de 500 proyectos en ejecución, lo que afectaría a 490 comunidades, señalaron.
Medida de presión
Dentro de las medidas acordadas por los gobiernos locales está la realización, este miércoles, de una concentración, a las 9:00 a.m. en las afueras de la Asamblea Legislativa.
Así lo confirmó Horacio Alvarado, alcalde del cantón de Belén y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).
Lo que se busca es que los diputados los reciban para explicarles el impacto de la medida.
El edil señaló que Hacienda se equivoca al presentar los números.
Esto por cuanto irrespeta cuatro leyes que señalan el giro de recursos que debe transferirles el Gobierno para el mantenimiento de obras de conservación y mantenimiento de la red vial cantonal.
“Se requiere de maquinaria y plata para trabajar”, aseveró Alvarado, quien recordó que, en la actualidad, ante las fuertes lluvias que afectan a varias partes del país, los gobiernos locales deben contar con los recursos necesarios para la atención de los incidentes.
“Ante la ilegalidad que se está presentando con dicho presupuesto, hemos acordado como líderes políticos cantonales presentar ante la Comisión de Asuntos Hacendarios una moción que devuelve de forma íntegra los dineros para mantenimiento y construcción de caminos cantonales, en cumplimiento de las leyes 8114 y 9329 y haciendo justicia al pueblo costarricense”.
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“Confiamos en que esta moción sea votada afirmativamente esta semana en la Comisión de Asuntos Hacendarios”, aseveró Alvarado.
Krissia Morris Gray
