Riteve cuestiona ante Contraloría nuevo modelo de operación, cálculo de tarifa y acciones del Gobierno

Por una serie de “inconsistencias” legales en el cartel publicado en el sitio web del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la semana anterior, la empresa Riteve no decide si participar o no; en su lugar acudió a la Contraloría General de la República (CGR).

“La empresa Riteve presentó una serie de consultas sobre el concurso publicado, debido a que se detectaron una serie de vacíos, contradicciones y posibles inconsistencias legales que no permiten tener claro el panorama de la propuesta.

“Para cualquier empresa ética y responsable es indispensable tener claros los detalles y estar seguros de que el concurso cumple con una base legal sólida y que en efecto vaya a llegar a buen término”, expresó Jennifer Hidalgo, subgerente de comunicación de Riteve.

Los cuestionamientos también se le remitieron al MOPT, además del ente contralor.

En la Contraloría tras una consulta de El Observador sobre el tema de la revisión técnica vehicular expresaron por medio de la oficina de prensa.

“Según la consulta sobre la opinión de la CGR de la decisión del gobierno para la inspección técnica vehicular; hemos indicado que no conocemos lo decidido por las autoridades competentes.

“Es su responsabilidad tomar una decisión apegada a derecho (lo hemos indicado así en los oficios/informes), por lo tanto, no emitiremos un criterio al respecto”.

Recordemos que el contrato de Riteve vence este próximo 15 de julio y la empresa espera aclarar esas dudas y decidir su futuro en el país.

“Dudas legales”

Las “dudas legales” que presentó la empresa ante las autoridades son:

1. Legalidad del uso de la figura de “Permiso en Precario” para un servicio público de esta magnitud respecto a la Ley de Tránsito y la Constitución Política.
2. Inconsistencias respecto a las tarifas que se planean ofertar, las vigentes y las determinadas por el ARESEP, ante una posible incompatibilidad legal del uso de estas.
3. Legalidad de la omisión de requisitos que aseguren la calidad del servicio, específicamente lo relacionado a la acreditación del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), como requisito de ley.
4. Ausencia de garantías que permitan asegurar una participación de oferentes de calidad.
5. Falta de publicación del pliego de condiciones en los medios oficiales (diario oficial La Gaceta o Sistema Integrado de Compras Públicas).
6. No se detallan las situaciones operativas con respecto a la cantidad de líneas que deben ofertarse.
7. Aclaración sobre requisitos de admisibilidad de las ofertas y preocupación ante la falta de proporcionalidad entre la experiencia requerida y el flujo real del servicio en la actualidad.
   
8. Ausencia de información para calcular la inversión necesaria a la operación.