Allan Arroyo
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de Habeas Corpus presentado y concluyó que una detención de la Fuerza Pública el 9 de setiembre fue “injustificada e irrazonable”.
Los hechos se enmarcan en la protesta contra la violencia policial, realizada en las cercanías de la Asamblea Legislativa y que terminó con empujones entre mujeres protestantes y oficiales.
“Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, dice la resolución.
Lo que sucedió
La Sala analizó los videos presentados como prueba para justificar el recurso.
Se concluye que tras la detención de una tercera persona, se generó el malestar de un grupo de los presentes. En ese momento, según los alegatos, los oficiales se abalanzaron contra ellos y detuvieron a esta persona.
En un inicio, la Sala logró comprobar que hubo malestar de los manifestantes e, incluso, obstrucción al trabajo policial.
Sin embargo, “cuando el conflicto más bien mermaba, pues la persona aprehendida ya había sido retirada del lugar, llegó la Fuerza Pública y empezó a empujar a varios manifestantes para que retrocedieran, lo que desencadenó la situación de violencia”, dice el comunicado de prensa.
Es ahí cuando la persona amparada cae en medio de empujones, al igual que una oficial de la Fuerza Pública.
El Ministerio de Seguridad justificó la detención en que la persona amparada se aprovechó de la superioridad numérica y pateó a la oficial estando en el suelo, sin embargo, la Sala concluye que “los videos analizados evidenciaron que la amparada también había caído al suelo y en ningún momento había pateado a alguna oficial de policía”.
Marcha contra la violencia policial terminó con fuertes enfrentamientos el 9 de setiembre. (Foto Josué Alvarado/ El Observador)
OBSERVE MÁS: Video | Fuerte enfrentamiento entre policías y manifestantes que reclaman agresiones de la Fuerza Pública
El antecedente
La marcha del sábado 9 de setiembre se convocó para protestar contra la agresión policial y se originó a partir de la denuncia de una joven de 23 años de Alajuela.
La muchacha de apellido Chaves, contó en redes sociales que la noche del sábado 26 de agosto fue víctima de golpes, jalones de cabello, insultos y manoseos por parte de varios oficiales de la Fuerza Pública, tras ser detenida en las afueras de un bar en Alajuela.
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Frente a estos hechos, diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio exigieron acciones al ministro de Seguridad, Mario Zamora.
Desde el Frente Amplio, la diputada Priscilla Vindas envió oficios a varias instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Seguridad Pública, para exigir atención ante la denuncia de la mujer.
“Este tipo de acciones no pueden quedar impunes y normalizarse. Mi despacho ha enviado oficios y que nos den cuentas claras de las acciones que toman las distintas acciones responsables para evitar que este tipo de acciones de género y sexuales se den por parte del cuerpo policial”, especificó.
Por su parte, Alejandro Pacheco, jefe de fracción de esta bancada, señaló que darían seguimiento a este tema y que exigían una respuesta pronta.
Marlon Cubillo, Director de Fuerza Pública, indicó en ese momento que al tratarse de un caso con denuncia judicial esperaban las conclusiones de la investigación, al mismo tiempo de iniciar un proceso administrativo.
