Paula Ruiz
La Sala Constitucional resolvió que el proyecto de ley que pretende reactivar la pesca de arrastre en el país no posee vicios de inconstitucionalidad y, por ende, da la vía libre para que los diputados puedan someter la iniciativa a votación en segundo debate.
Se trata del expediente 21.478 “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”.
En una ajustada decisión de cuatro votos a favor y tres que salvaron el voto, se evacuó la consulta facultativa que había sido enviada por un grupo de legisladores desde diciembre anterior.
El ente constitucional señaló que los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y resuelven que el “citado proyecto contiene dos vicios sustanciales del procedimiento legislativo por infracción a los principios de objetivación de la tutela medio ambiental y de desarrollo sostenible democrático; así como de publicidad y transparencia.
“Por el fondo declaran que la reforma propuesta al artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura implica una violación a los principios de progresividad y no regresividad en la protección ambiental”.
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Cabe recordar que el Tribunal se pronuncia exclusivamente sobre lo que los legisladores consultan y no, más allá de eso.
Una vez que esté redactada la resolución de la mayoría, los votos salvados y notas consignadas, el Tribunal hará la notificación correspondiente a la Asamblea Legislativa, con lo cual se puede proceder a su votación final.
Melvin Núñez, diputado del Partido Restauracion Nacional que lidera el proyecto de ley, celebró la decisión de los magistrados, al justificar que permitirá llevar el sustento a hogares costeros que se han visto afectados por la medida.
Daño ambiental
La Fundación MarViva lamentó la decisión de los magistrados al señalar que hay estudios científicos que demuestran que esta práctica arrasa con todas las especies que encuentran a su paso.
“La evidencia científica demuestra que la pesca de arrastre genera un gran daño sobre el fondo marino, los ecosistemas y el bienestar socieconómico de las zonas costeras”, manifestó Jorge Jiménez, Director General de Fundación MarViva.
La Fundación pidió a la población mantenerse vigilantes de la decisión legislativa en esta materia.
La pesca de arrastre no está permitida desde el año 2013, cuando la Sala Constitucional prohibió la renovación o entrega de nuevas licencias.
Desde ese momento, el ente constitucional estableció que para su reinserción se debía de realizar una reforma legal, estudios para demostrar su sostenibilidad, así como análisis científicos y técnicos para garantizar el principio de desarrollo sostenible democrático.
El proyecto presentado por Núñez cuenta con un estudio de Incopesca, realizado a finales de 2018. Este mostró una reducción en la captura de Fauna de Acompañamiento del Camarón (FACA). Este es uno de los puntos – pero no el único – objetado por los magistrados en el 2013.
Ante esto, los legisladores aprobaron en noviembre de 2019, mociones para darle plazo de un año improrrogable al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para tener los estudios científicos y técnicos que respalden la reactivación de la pesca de arrastre y su posible sostenibilidad.
Desde el 15 de octubre anterior, la Procuraduría General de la República advirtió sobre la posible inconstitucionalidad del 21.478 ante la falta de estudios.
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