Tomás Gómez
La Sala Constitucional dictó este miércoles una medida cautelar ante la falta de atención de especialistas médicos en dos centros hospitalarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que están en paro desde el 1 de abril anterior.
Los expedientes se tramitan bajo el número 24-008940-0007-CO, 24-009200-0007-CO y fueron presentados por pacientes con afecciones cardiacas y oncológicas de los Hospitales México y Calderón Guardia.
En la resolución de curso de ambos recursos de amparo, la Presidencia del Tribunal Constitucional dicta una medida cautelar en protección de la salud de las personas recurrentes y de los usuarios de los servicios médicos de los centros hospitalarios respectivos. Esta consiste en dos fases:
- Se ordena a las autoridades recurridas y médicos tratantes, valorar a las personas amparadas y determinar el tratamiento médico a seguir, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa.
- Adicionalmente, se ordena a la presidenta ejecutiva, al gerente médico, a los directores y jefes del servicio de los hospitales recurridos, todos de la caja costarricense de seguro social, que deben adoptar todas medidas que estén a su alcance, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios médicos en el respectivo centro médico.
Rechazada pretensión de Marta Esquivel
Esta jornada también en la Sala IV se rechazó un recurso de la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, que buscaba que se declarara ilegal el paro que realizan los especialistas de la institución.
Esquivel pedía en el mismo tres cosas:
- Ordenar una medida cautelar contra el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) para que cesara el llamado a paro.
- Que en caso de rechazar la cautelar se ordenara al sindicato cumplir los horarios y jornadas institucionales.
- Que se condenara al Siname al pago de los gastos en que incurriera la CCSS para la atención necesaria y oportuna de los pacientes que acudan a los servicios institucionales en los periodos en los que la organización sindical hace el llamado de no laborar. De paso se pedía eximir de la eventual responsabilidad a la CCSS.
El cuerpo de magistrados, sin embargo, se vio imposbilitado de entrar a conocer el reclamo pues la ley no les permite ver ese tipo de temas.
“La Sala considera que los alegatos planteados por la accionante, constituyen un tema que resulta ajeno a esta jurisdicción, toda vez que no corresponde a la Sala determinar si el llamado hecho por el sindicato recurrido cumple o no con los requisitos fijados por el ordenamiento jurídico para clasificarlo como una huelga, pues ello constituye un tema que debe ser planteado y resuelto ante las instancias previstas por la legislación para tales efectos, y no ante este Tribunal”, expusieron.
A ello sumaron que tampoco es su competencia entrar a revisar elementos de la logística de trabajo de una institución.
“Tampoco compete a esta Sala determinar hasta qué punto llega la potestad de la Caja Costarricense de Seguro Social para fijar los horarios de los trabajadores de la institución, pues esto también es competencia de otras instancias diferentes a la jurisdicción constitucional”, detallaron.
Especialistas llegan a 10 días de protesta
Los especialistas de la CCSS adelantaron la posibilidad de ir a paro a lo largo de varios meses. Hacen señalamientos de temas como salarios, horarios y condiciones de empleo.
Las conversaciones previas no dieron fruto y fue así como el 1° de abril empezó la protesta. Esta consiste en no hacer horas extra ni turnos extraordonarios, lo que ha golpeado fuertemente la disponibilidad de expertos para la atención de pacientes.
Por un lado se han dado otras conversaciones donde se han planteado algunas opciones para levantar el movimiento. Sus alcances se manejan en secreto en la Junta Directiva, donde se analizan sus posibles alcances.
En paralelo, se generó una contratación de 12.000 millones con hospitales privados, para contar con sus servicios si llega a ser necesario.
Hasta el último corte de la CCSS, hasta el martes se registraba afectación en 572 pacientes. De estos, 345 tuvieron que irse a otros centros de la Caja, 185 fueron movidos dentro del mismo centro donde estaban y 42 requirieron envío a las clínicas privadas.
