Marco Marín
La Cámara de Comercio fue uno de los gremios en respaldar al gobierno, la semana pasada, en su negativa de pausar el impulso a los proyectos de ley relacionados con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como otros proyectos necesarios para la reactivación económica.
Sin embargo, este miércoles, los comerciantes solicitaron al Ejecutivo que retire, de la corriente legislativa, el expediente 21.275, ya que a su juicio vendría a encarecer el acceso a los créditos bancarios, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
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El proyecto de ley “Creación de una Tasa para el Mejoramiento de la Justicia Cobratoria”, es visto por la Cámara como una contradicción del Gobierno, aseguró su presidente, Julio Castilla. Por esa razón, el ente solicitó que se renuncie a su aprobación.
“Tramitar ese tipo de iniciativas en momentos de tanta vulnerabilidad para el sector productivo es altamente improcedente.
“Nos asombra ver las contradicciones en la Asamblea Legislativa. Por un lado se promueve la aprobación de una iniciativa que crearía un fondo de avales, cuyo objeto es promover y facilitar el acceso al financiamiento. Por otro, se promueve este proyecto de ley que causaría el efecto contrario, encareciendo el acceso al crédito”, agregó.
¿Obstáculos a préstamos?
La queja de los comerciantes se dio el mismo día que el Banco Nacional se pronunció en contra del actual texto del expediente 22.384, el cual solicitó enmendar.
De acuerdo con la entidad financiera la medida actual evitaría que se otorguen casi ¢74.000 millones en préstamos. Dicho proyecto de ley forma parte del cúmulo de impuestos al que el Gobierno se comprometió con el FMI para lograr el acuerdo para obtener un empréstito por $1.750 millones.
Con la “Ley de Aporte Solidario y Temporal Sobre la Utilidad de las Empresas Públicas al Pueblo Costarricense”, unas 14 empresas públicas tendrán que hacer un aporte, de hasta el 30% de sus utilidades, como una medida temporal y extraordinaria para enfrentar la crisis generada por la pandemia.
El banco estatal señaló que, debido a la normativa vigente, los bancos (públicos o privados), deben tener cierto nivel de patrimonio para colocar recursos en crédito. Por esto, al destinar más fondos de las utilidades “representaría una limitante para el crecimiento de dicho crédito”, afirmó.
Según sus estimaciones, cada colón adicional de utilidad que el Banco Nacional deba trasladar al Gobierno Central, implicaría un total de 10 colones menos para créditos.
Para los próximos tres años, dadas las utilidades proyectadas por la institución, “se estima que la contribución adicional sería de ¢8.334 millones, lo que significará dejar de dar en crédito en el período 2022-2025, la suma de ¢73.881 millones”, agregó la institución.
Ese monto sería el equivalente al total de 15.000 créditos para mipymes o 2.500 préstamos para viviendas, según los promedios históricos manejados por el banco.
Propuesta de comerciantes
Por esa razón, la entidad propuso cambiar la contribución escalonada por un dividendo único al Gobierno le permitiría hacer uso de los recursos según sus necesidades y no lo limita a fines predefinidos.
La entidad asegura que, de adoptarse esta propuesta, el Gobierno ingresaría más del doble de lo que podría recaudar con el planteamiento actual.
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Marco Marín
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