Paula Ruiz
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) declaró infructuosa la licitación para compra de nueve vehículos que requiere la Policía de Control de Drogas (PCD) para actividades encubierta y para lo cual se presupuestaron ¢264,4 millones.
Según se especifica en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), en la solicitud de contratación, con fecha del 26 de junio del 2023 se planeó la adquisición de los vehículos para investigación y aspectos administrativos.
“En el caso de los primeros, para transporte de funcionarios, equipos y armas; estas unidades realizan operaciones encubiertas donde se da seguimiento y captura a sospechosos de tráfico de drogas”, especifica el MSP en el Sicop.
“En el caso de los vehículos administrativos, según el artículo 12, inciso d), del Reglamento para uso de vehículos del Ministerio de Seguridad Pública, indica que los vehículos de labores de investigación no podrán ser destinados a oficinas o dependencias administrativas, por lo que, la Dirección tomó la decisión de requerir vehículos para uso administrativo, de acuerdo con el artículo 4 del mencionado reglamento, para el traslado de bienes, suministros y personal administrativo”, continúa.
El 21 de agosto, Stephen Madden Barrientos, Director Policía Control de Drogas, solicitó a Jenny Mena, Directora de Proveeduría Institucional del MSP, la compra de los carros para renovar la flotilla que tiene más de diez años de antigüedad.
En total, la PCD cuenta con 90 unidades, de las cuales, 33 superan los diez años de antigüedad, según reportó Madden en el documento.
El resultado esperado era la disminución “del 3,33% en la antigüedad de la flotilla vehicular, producto de la adquisición de nuevas unidades”.
Sin embargo, pese al proceso de licitación, Mena se encargó de tomar la decisión de declararlo infructuoso aunque tres empresas participaron en el proceso.
De acuerdo con los documentos registrados en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), Cori Motors de Centroamérica S.A., Agencia Datsun S.A. y Purdy Motor S.A. enviaron sus ofertas para este objetivo.
Las tres ofertas tuvieron el visto bueno del estudio técnico, sin embargo, solo Purdy logró el aval del análisis jurídico, indica el procedimiento documentado en el sistema de compras públicas.
En el cuadro comparativo del número de procedimiento 2023LE-000002-0007100001 elaborado por la abogada Kattia Delgado, se desprende que solo Purdy realizó los subsanes solicitados en su totalidad y por tanto, la oferta se declaró “admisible”.
Sobre las otras dos empresas, se indica que con base en el plazo otorgado por la Ley General de Contratación Pública, no se obtuvieron los subsanes de información requeridos.
“No presentó declaración sobre beneficiario final, de conformidad con lo requerido. No aporta constancia de encontrarse al día con el pago de la patente. No aporta la declaración jurada que permitiera aclarar si las agencias autorizadas en Heredia y Belén son parte del grupo económico y que los cobija la autorización del fabricante, tampoco aporta licencia comercial del local ubicado en Sabana Norte. Los anteriores son requisitos esenciales, por lo que su incumplimiento hace la oferta INADMISIBLE (sic)”, señala el documento sobre la oferta de Datsun.
Con respecto de Cori Motors, tampoco recibieron la información solicitada.
“Tratándose de aspectos esenciales y de ley, ante su incumplimiento la oferta deviene en INADMISIBLE (sic)”, indica el cuadro comparativo.
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Esta es la justificación indicada por MSP para la compra de los vehículos, según se indica en Sicop. Captura de pantalla.
Proveeduría frenó el trámite
Pese a ese escenario, la proveeduría institucional a cargo de Mena, tomó la decisión de declararlo infructuoso y determinar que ninguna de las empresas cumple con los requerimientos legales solicitados.
Sobre Datsun y Cori Motors, destaca lo anteriormente expuesto por el departamento legal.
Pero, sobre Purdy, aceptó que se trató de una decisión de su departamento a cargo.
“Si bien es cierto la empresa citada cumple de conformidad con el análisis legal y técnico, no obstante, esta Dirección de Proveeduría Institucional, se aparta del análisis legal en el tanto declara la oferta presentada por la empresa Purdy Motor S.A. como elegible, por cuanto esta Proveeduría Institucional, al momento de realizar el análisis integral de ofertas, detecta lo siguiente”, destaca el motivo expuesto en Sicop para declararlo infructuoso.
Sobre lo “siguiente”, tiene que ver con el plazo de entrega indicado en la oferta de Purdy.
La solicitud realizada por el MSP en Sicop, indica que la orden de compra “no podrá ser superior a 45 días hábiles” que comenzarían a correr a partir de la notificación electrónica.
La compañía automotriz, de hecho, ofertó los 45 días hábiles para entregar los vehículos.
El punto de quiebre surgió porque Purdy aclaró que en ese plazo, no se podían contemplar aspectos que les son externos. En el documento cargado a Sicop por parte de la compañía se indica lo siguiente.
“Nota: en los plazos indicados no se incluye el plazo que tarde el trámite de exoneración, lo que tarde la institución en firma de documentos, ni el tiempo que tarde la aduana para emitir el DUA”.
Esa “nota” fue lo que evitó que la licitación se adjudicara a dicha compañía.
En el documento autorizado por Mena, se indica que la Dirección a su cargo, considera que esa nota “no solo condiciona un elemento esencial de la licitación como lo es el plazo de entrega, sino que además lo torna incierto en el tanto la empresa oferente incorpora un plazo adicional a los establecidos en el pliego de condiciones, el cual se refiere al tiempo que tarde la aduana para emitir el DUA, el cual forma parte del segundo plazo de entrega efectiva por cuanto lo referido al desalmacenaje, corre por su cuenta, por lo que no asume obligación o compromiso alguno de cumplir un plazo cierto respecto de la entrega de los vehículos, sino por el contrario, pretende dejarlo abierto, indefinido en caso de resultar adjudicatario, debiendo tomar en consideración que un plazo que no es cierto ni determinado, no puede ser aceptado por la Administración, por lo que convierte esta oferta en inelegible para las líneas No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4.”, concluyó.
La declaración de infructuosidad se emitió el 11 de octubre.
“Se aprueba recomendación de declaratoria de Infructuosidad, en atención a lo indicado en el análisis integral de ofertas realizado por el analista a cargo”, destacan documentos del MSP públicos en el Sistema de Compras Públicas.
El Ministerio de Seguridad informó que tiene 600 patrulladas varadas debido a que los procesos para arreglarlas y adquirir los repuestos son engorrosos, según dijo el ministro Mario Zamora.
Pidió abstenerse
Sobre esta misma licitación, Randall Vega, solicitó abstenerse de participar en esta contratación en su condición de Director de Transportes del MSP, dado que el año pasado, él fue cesado del cargo como exviceministro de esta cartera por señalamientos del Poder Ejecutivo en su contra, relacionados con compra de vehículos.
Así consta en el oficio No. MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-0427-2023 con fecha del 18 de agosto publicado en Sicop.
“Considero que es una causal de impedimento a participar por el hecho de que se me cesó del cargo de viceministro administrativo por, supuestamente, haber modificado las especificaciones técnicas en favor de la citada empresa, en una licitación de compra de vehículos de la Policía Control de Drogas; situación que derivó en la apertura de un proceso administrativo de índole disciplinario en mi contra”, manifestó Vega en la nota.
Sin embargo, en un documento de respuesta se destaca que el ministro Mario Zamora, rechazó el incidente de abstención.
Esto, por cuanto Vega quedó exonerado de las acusaciones hechas en su contra tras una investigación a cargo de la entonces viceministra, Flora Bogantes.
Vega fue cesado por pérdida de confianza el 4 de octubre de 2022 y en la comunicación emitida por Casa Presidencial, se le acusó de “permitir un proceso licitatorio para la compra de vehículos, que da la apariencia de haber sido diseñado para favorecer a una empresa en específico”.
Adicionalmente, Rodrigo Chaves, presidente de la República señaló al exviceministro por diseñar una licitación para favorecer a una empresa en específico.
Tras concluir la investigación contra Vega en marzo pasado, el mandatario no se ha referido ni retractado.
Este lunes próximo autoridades de los tres ponderes de la República tienen previsto reunirse para dialogar sobre las medidas a tomar para hacer frente a la ola de criminalidad que golpea a Costa Rica.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, señaló que la proyección de homicidios podría llegar a los 925 al cierre de este 2023.
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