Paula Ruiz
“El menor debería estar en la escuela o colegio estudiando y no cometiendo estos hechos criminales”. Ese es el parecer de Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y lo que una mayoría de la población pensaría como una normalidad.
Sin embargo, la realidad es que las autoridades policiales han detectado menores desde los 12 y 13 años en el sicariato. De hecho, la inclusión de personas entre 12 y 17 años, viene en aumento, según comentó Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública.
“En efecto, confirmo, esas son las edades, cada vez más jóvenes lo cual es una señal de alerta, indica que el crimen nos está robando a nuestros jóvenes, casi que a nuestros niños por así decirlo”, manifestó el jerarca.
Zamora cifra en 1.000 las personas que se están dedicando al sicariato y de estos, hay 90 detenidos. La mayoría tienen 18 años o más, “pero, vemos con preocupación un número creciente de menores de edad reclutados y este fenómeno tiene un especial acento en la zona de Puntarenas es donde vemos esa mayor incorporación de personas de edades muy tempranas incorporados al mundo criminal esencialmente en Puntarenas”, recalcó.
Con este hecho coincide Zúñiga, quien apunta a que la falta de oportunidades y los índices de pobreza, particularmente en Puntarenas y Limón, hacen que los menores se vean atraídos por integrar bandas criminales.
Para él, el problema es estructural debido a la falta de oportunidades en el ámbito educativo y fuentes de empleo. Si eso no se ataca, la situación continuará.
“Resulta que en el país hay problema estructural a nivel de acceso a educación y fuentes de empleo, tenemos un 10% de menores de edad que viven por debajo de la línea de pobreza extrema, pero cuando nos vamos a las costas, en Puntarenas viven un 22% por debajo de esa línea de pobreza y Limón 23%, incluyendo que la mayoría de personas que viven en las costas un 55% están comprendidas entre 9 y 19 años y esas personas menores de edad no tienen acceso a educación, no llegan siquiera a noveno de colegio en el 77% de los casos, son jóvenes que no tienen educación, que no tienen posibilidades reales de tener un empleo formal que les permita vivir y trabajar y la única opción que se les ofrece de manera informal es que hayan grupos de personas delincuentes que los reclutan para cometer homicidios”, desglosó el director de OIJ.
Familia y lealtad
Más que un pago, estas bandas criminales estarían supliendo lo que las familias de los menores no les dan.
“Más que un dinero concreto, lo que hay es una membresía, donde no hay familia, la banda criminal se vuelve la familia, donde no hay centro educativo, la banda criminal se vuelve el centro educativo, donde no hay redes sociales, la banda criminal se vuelve esa red social. Ese es el gran problema que estamos viviendo, la gran pesadilla social que estamos viviendo con estas entidades de crimen organizado que a veces no es por el dinero en sí, es por la militancia y permanencia a una banda donde demuestra la lealtad haciendo lo que los cabecillas indican”, describió Zamora.
Todo eso, a cambio de reducir sus posibilidades de vida, dado que la “carrera delictiva” de un menor dentro de una banda criminal puede durar máximo tres años, según expuso Randall Zúñiga.
Para el experto en seguridad, Gerardo Castaing, la arista de la familia es fundamental para que los menores no caigan en estas redes, por lo tanto, se requiere una mejor atención de padre, madre y encargados hacia lo que están haciendo los niños y adolescentes.
“Algunos están dejando que los hijos hagan lo que quieran entonces pasan pegados a narco novelas, videos violentos en celulares, no estudian, se vuelven rebeldes y los papás no hacen nada por parar esto entonces, los papás están siendo partícipes en la creación de ciudadanos negativos”, destacó.
Mientras en las familias y hogares costarricenses no se corrijan estas cosas, las escuelas y colegios no podrán corregir los errores de los padres, señaló Castaing.
Él apeló a una mayor atención por parte de la Oficina de Control de Espectáculos Públicos tanto para programas de televisión como canciones que incluyen hasta narcocorridos. Además, de un programa completo donde se incluya a diversas instituciones, entre ellas al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) desde donde deberían de realizar giras a barrios y quitarles los hijos a quienes están vendiendo drogas.
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El caso mediático más reciente donde se involucró a un menor de edad en un asesinato, sucedió el miércoles por la noche cuando un joven de 17 años habría disparado -junto a su acompañante de 21 años- contra Jeiner Mora, agente del OIJ, quien falleció en el sitio.
Los reclutadores
Por otra parte, Zúñiga apuntó a que se debe de responsabilizar a los mayores de edad que están reclutando a niños y adolescentes para este tipo de labores que implican delitos.
“¿Dónde está ese dedo acusador hacia esos mayores de edad que están reclutando menores?”, reclamó.
Fue claro que un menor de edad no tiene el dinero suficiente para comprar armas AR-15 que pueden rondar un precio de hasta ¢2,5 millones.
“Me gustaría que haya una discusión seria, pero se nos va únicamente a lo que dicen dos, tres personas que dicen castigue al menor como mayor de edad y esa es la razón, no, hay un problema estructural detrás de eso y el castigo se puede dar, pero no va a resolver el problema de fondo, vamos a seguir con el problema”, sostuvo el jerarca judicial.
Justamente, es el Gobierno quien ha solicitado reiteradamente a los diputados, aprobar cinco proyectos de ley presentados desde abril a la corriente legislativa, en el marco de la “Operación Costa Rica Segura”.
Uno de ellos, pretende que los menores sean juzgados como mayores de edad cuando se trate de criminalidad violenta y delincuencia organizada.
“¿Cómo puede ser señora, que un joven fuerte de 17 años que mató a un ciudadano con un AK47, se le trate como a un niño de 8 años que se robó unos confites en una pulpería? Esto es un incentivo para el crimen organizado porque sus líderes saben que no les pasa nada”, expuso Presidencia en un comunicado de prensa emitido el lunes 2 de octubre, para convocar a jerarcas de los tres poderes de la República a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, sucedido un día después.
El caso conocido más reciente, donde participó un menor de edad en un asesinato, es el del miércoles por la noche cuando uno de 17 años iba en compañía de otro hombre de 21 en una motocicleta y acabaron con la vida de Jeiner Mora de 41 años.
Él estaba parqueado en Tirrases de Curridabat junto a uno de sus compañeros de apellido Bustos, porque participaban en un operativo encubierto.
De acuerdo con el OIJ se sospecha que los dos sospechosos trabajan bajo mandato de alguien más que es el que funge como cabecilla dentro de la organización y tienen el rol de campana, es decir son quienes se encargan de ver quiénes entran a su zona.
El hombre de 17 años pasará tres meses en prisión preventiva y al de 21 de le dictaron, seis.
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Colaboraron los periodistas Tomás Gómez y Hermes Solano.
