Paulo Villalobos
Las organizaciones sindicales del Poder Judicial pidieron a los magistrados sostener un acuerdo previo de la Corte Plena, que mantiene el cálculo porcentual de las remuneraciones que reciben sus trabajadores, en vez de hacerlo de forma nominal, como lo dispone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Al menos cuatro sindicatos se apersonaron este lunes a una sesión de la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, para presionar a los altos jueces.
La Asociación Nacional de Empleados Judiciales fue una de las organizaciones que se apersonó a la sesión de la Corte Plena este lunes. (Paulo Villalobos/El Observador)
La audiencia de hoy tiene como objetivo discutir una orden que le giró la Contraloría General de la República (CGR) al presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, de revertir la decisión que la Corte Plena tomó el 18 de marzo de 2019.
A lo interno del salón de sesiones del órgano decisor, se mostraron pancartas de los sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) y de la Judicatura (Sindijud), así como las asociaciones Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) y Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC).
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La secretaria general adjunta del la primera de las organizaciones, Sonia Sandí, expuso a El Observador su preocupación por el mandato del ente adscrito a la Asamblea Legislativa.
A su criterio, esta constituye una intromisión entre poderes de la República.
A la derecha, sosteniendo el cartel, se observa a Jorge Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura. (Paulo Villalobos/El Observador)
Una línea similar manifestó el secretario general del sindicato de los jueces, Jorge Morales, al igual que el del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Álvaro Rodríguez.
Al cierre de esta publicación, los magistrados discutían una solicitud de inhibitoria planteada por el pleno de la Sala Constitucional; en el tanto que está en trámite una acción interpuesta por el diputado Pedro Muñoz, contra el acuerdo en cuestión.
Orden auxiliar
La Contraloría General de la República ordenó el 20 de diciembre de 2019 a la Corte Suprema de Justicia, cambiar el cálculo de las remuneraciones de sus funcionarios, según lo que se dispone la reforma fiscal del 4 de diciembre de 2018.
Esto luego de que los magistrados acordaran el 18 de marzo de 2019, eximir de esos ajustes a quienes fueran contratados antes de la entrada en vigencia de la ley.
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La disposición del órgano adscrito a la Asamblea Legislativa – contenida en el oficio DFOE-PG-0738, enviado el 19 de diciembre de 2019 al presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz – determinó que de no cumplirse esta, el jerarca incurriría en una falta grave, que lo expone a sanciones administrativas.
“Para el cumplimiento de la presente orden, se deberá remitir al Área de Servicios Públicos Generales de la Contraloría General, certificación que acredite que realizó la comunicación indicada en el punto a) (informarlo a los demás altos jueces) así como que se giraron las instrucciones indicadas y se definieron los mecanismos de seguimiento, consignados en el punto b) (aplicar los ajustes en las remuneraciones). La indicada certificación deberá remitirse a este Órgano Contralor, a más tardar el 31 de enero de 2020”, indica la orden.
El documento fue elaborado de oficio, a partir de una auditoría que el ente realiza sobre la evaluación del desempeño. Justo ahí topó con el acuerdo tomado en la sesión 11-2019 de Corte Plena la cual procedió a analizar.
Variaciones en remuneraciones
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas transforma el cálculo de los sobresueldos, al pasar de un cálculo porcentual a uno nominal.
Con ello se busca desacelerar el crecimiento de los complementos salariales, pues se pagará un monto fijo y no ligado al salario base que crece.
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De hecho, la norma indica que cada institución debe tomar el porcentaje del incentivo correspondiente y calcularlo sobre el salario base que tenía el trabajador a enero de 2018.
La otra variación tiene que ver con el reconocimiento máximo de cesantía, establecido en la norma para ocho años. El Poder Judicial había acordado mantener en 12 años ese límite.
Paulo Villalobos
