Tomás Gómez
A las investigaciones por el intento del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para acceder a la información financiera de la población que se llevan se suma un expediente ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El reclamo lo interpuso la Fundación Privacidad y Datos (Pridat) y como primer paso se solicitó una medida provisional que está en proceso.
De momento, la jueza Liana Morera señaló que “en este estadio procesal es prácticamente imposible el determinar o emitir un criterio valorativo de fondo”.
En una primera resolución se dio audiencia a al Banco Central.
“Resulta necesario el escuchar a la parte accionada previo a determinar la procedencia o no de lo que se reclama”, apuntó.
“Se hace necesario escuchar a la parte contraria, para formar un mejor criterio de la situación particular que hoy se conoce”, sumó.
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Sin esa audiencia, la funcionaria judicial sostuvo que no podría dar una medida “provisionalísima”
Hasta este martes el procedimiento seguía en espera de contestación:
Los datos bajo la lupa
El 17 de agosto anterior la Superintendente General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, dio a conocer que la gerente del Banco Central la había denunciado penalmente por negarse a dar acceso a datos financieros considerados confidenciales.
Posteriormente trascendió que el gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, también había sido denunciado.
Otros bancos, como el Popular, BCR y BAC Credomatic sí hicieron envío de información.
El tema ha abierto interrogantes sobre la procedencia y validez de la información; sobre todo a la luz del marco legal y la doctrina sobre los datos.
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Ello llevó a que además de las quejas en la Fiscalía se hayan iniciado procesos en la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab); así como en la Asamblea Legislativa.
Los Colegios de Abogados y de Informáticos publicaron también sendos diagnósticos advirtiendo de posibles riesgos en el proceder del Banco.
