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Solo la empresa Applus CR cumplió requisitos para dar revisión técnica en Costa Rica, Dekra quedó descalificada junto a otra firma alemana

La compañía Dekra, que brinda el servicio por 2 años, no pasó la primera etapa

Por Josué Alvarado

Tiempo de Lectura: 5 minutos
Solo la empresa Applus CR cumplió requisitos para dar revisión técnica en Costa Rica, Dekra quedó descalificada junto a otra firma alemana
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Solamente una empresa, el Consorcio Applus CR apoderado de Riteve SyC  fue precalificada para brindar el servicio de inspección técnica vehicular en el país al “cumplir los requisitos y atestados solicitados, y haber alcanzado el puntaje asignado a cada factor, para así poder avanzar a la segunda etapa”.

“Los oferentes Consorcio DEKRA y TÜV RHEINLAND CERTIO, S.L. no cumplieron, por las razones indicadas en el informe original”. Así lo señala el oficio CSV-DE-AJ-4341-2023 remitido por Juan Pablo Mora Mena de la Comisión Calificadora  a Alexander Vásquez, Jefe de Suministros del Cosevi, con fecha 13 de noviembre del 2023 y que consta en el Sistema de Compras Públicas (Sicop).

En el oficio, Mora Mena indica que la Comisión Evaluadora ya presentó los resultados del análisis de las ofertas recibidas para la Licitación Mayor 2023LY-000002-0058700001 “Precalificación para la futura contratación de servicios para la prestación de servicios de Inspección Técnica Vehicular a nivel nacional” el 2 de noviembre anterior.

Lo hizo mediante el oficio CSV-DE-CEP-0003-2023 del 02 de noviembre del 2023, incorporado al sistema SICOP en esa misma fecha. Sin embargo, este documento no figura actualmente en el Sicop para poder conocer el detalle de la evaluación realizada.

El Observador solicitó el documento al Cosevi donde quedaron de enviarlo.

Mediante esta figura de precalificación para una futura contratación el Gobierno pretende elegir al o los oferentes de la inspección técnica vehicular que darían el servicio por 10 años, a partir del octubre del 2024 cuando vence el permiso en precario que tiene Dekra.

Para esta precalificación cuyo plazo para presentar ofertas venció el 19 de setiembre anterior solo se presentaron tres compañías, contrario a las 11 que ofertaron en junio del 2022 para ofrecer dar el servicio por un período de dos años.

Dekra, la compañía que actualmente ofrece el servicio, obtuvo la calificación de los proveedores más baja, por lo que está fuera de la fórmula.

Así consta en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), según una revisión del concurso hecha por El Observador.

Entre tanto el Consorcio Applus CR es un grupo español que representa a Riteve SyC la empresa que brindó el servicio de revisión técnica en Costa Rica durante 20 años, así como a otras compañías de España, Chile, Irlanda y Argentina.

Consultada sobre este tema la directora ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y representante legal de esta contratación, Cindy Coto Calvo respondió: “No puedo referirme al tema por estar en análisis”.

Se intentó tener el mayor número de oferentes

Tal vez porque en el proceso anterior, cuando se escogió a Dekra, participaron 11 compañías de diferentes partes del mundo, el Gobierno esperaba contar con la misma convocatoria para este proceso. Pero no fue así.

Solamente presentaron sus ofertas:

  • TÜV Rheinland Cretio, S.L.
  • Consorcio Applus CR (también identificada como RTV según la documentación)
  • Consorcio Dekra

Las calificaciones brindadas por el proveedor corresponden a 85,71, 85 y 83,84 de 100 respectivamente. Para este ranking se toman en cuenta los factores:

  • Rango de inspecciones realizadas (50 puntos)
  • Rango de años de experiencia ininterrumpidos (20 puntos)
  • Rendimiento: vehículos atendidos por hora (15 puntos)
  • Certificaciones ISO

La intensión del Gobierno de contar con una amplia participación en esta preselección es evidente en los documentos disponibles en Sicop.

Por ejemplo, el 14 de junio del 2023 se le hizo una enmienda o modificación al cartel.

“Respecto al número de inspecciones requeridas en el periodo de los últimos diez años, se optó por reducir a la mitad la cantidad originalmente solicitada, con el fin de garantizar una mayor concurrencia de oferentes, manteniendo la calidad en la prestación del servicio y la responsabilidad demostrada”, dice la enmienda número 1 hecha al cartel.

De esta forma, se redujo el número a 25 millones de inspecciones de emisiones contaminantes y 25 millones mecánicas y registrales como necesarias para ser elegibles en la precalificación. Previamente esa cifra era 50 millones.

“Debe recordarse que este es uno de los cuatro aspectos que brindan puntuación para la precalificación y el de mayor peso relativo en lo que a la puntuación respecta”, señala el documento. En efecto, da 50 puntos de los 100.

La enmienda la firman la responsable de la Unidad de Licitaciones de Cosevi, Vanessa Rodríguez, y el proveedor institucional, Alexander Vásquez.

“Dos ofertas quedaron inadmisibles”

Pero estos esfuerzos no rindieron fruto. El pasado jueves 9 de noviembre Vanessa Rodríguez solicitó a distintos funcionarios, a través de Sicop, emitir una recomendación a la Comisión Evaluadora de Ofertas de Cosevi sobre los resultados del estudio de las tres empresas, con el fin de que esta emita un informe técnico.

Esto “considerando que dos ofertas quedaron inadmisibles y solo una queda admisible”.

La solicitud hecha por Rodríguez señala que como no se pudo promover una mayor participación y como resultó una única oferta precalificada la Administración podría declarar desierto el proceso.

El consorcio Applus CR fue el único que cumplió a cabalidad con los requisitos de admisibilidad establecidos

Así consta en un documento firmado por el coordinador de la Comisión Evaluadora de la licitación, Pablo Antonio Álvarez y uno de los miembros de la misma comisión José Delgado con fecha del pasado 11 de noviembre, como parte de la solicitud de recomendaciones que hizo Vanessa Rodríguez.

El director de la Dirección Financiera, Sergio Valerio, también emitió su criterio, en el sentido de que será la Comisión Permanente de Licitaciones la que emita la recomendación final, sobre la cual decidirá la Junta Directiva de Cosevi.

“Existen diferencias de opiniones entre los miembros que la conforman (la comisión)”, escribió Valerio.

“Hay elementos para declarar desierta la precalificación, de acuerdo con el propósito de esta y la forma como debe elegirse en la segunda etapa”, dice otro criterio, en este caso de Juan Pablo Mora Mena, de la asesoría legal.

Primer grupo de cinco empresas ya tendría que estar elegido

Según el cronograma de trabajo establecido en el cartel el inicio de operaciones de las nuevas dos empresas de inspección vehicular está programado para el 28 de octubre del 2024. El contrato se extiende por 10 años, hasta el 27 de octubre del 2034.

Bajo esta idea del Gobierno los propietarios eligen la empresa a la cual llevar su vehículo.

El cronograma del Cosevi establecía que para el 26 de octubre del 2023 se aprobaría y dejaría en firme la elección del primer grupo de cinco empresas, lo que no ha ocurrido hasta este 16 de noviembre.

También establece el 29 de enero del 2024 como la fecha para recibir las ofertas del grupo preseleccionado. La firma y notificación del contrato final estaba planificada para el 18 de julio del 2024.

Antes de conocerse estos resultados la programación decía que las compañías tendrían seis meses calendario posterior a la orden de inicio para empezar a operar y a revisar los vehículos del país.

Estación de revisión técnica de Dekra (Foto Archivo/El Observador)

Plazo de Dekra finaliza en octubre del 2024

Desde octubre del 2022 y hasta la actualidad Dekra opera bajo la figura de uso en precario, que se usa como un contrato temporal en momentos en los que se requiere de una solución urgente mientras se resuelve una contratación definitiva, como en este caso.

Al finalizar el contrato de la empresa RTV, el Gobierno decidió usar ese permisionario, con el fin de que el país mantuviera la inspección mientras se realiza todo el proceso de licitación y concesión.

El MOPT habló que este permisionario estaría brindando el servicio por un plazo de dos años, pero la figura permite que el tiempo pueda ser menor y sin riesgo a un proceso legal contra el Estado. El plazo finalizaría en octubre del 2024.