Josué Alvarado
El pasado 3 de mayo el Gobierno de Rodrigo Chaves presentó un proyecto de ley que pretende regular el transporte remunerado de personas.
De esta forma todas las modalidades estarían en una sola categoría: taxis, Uber y cualquier otra plataforma que ofrezca el servicio.
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), un órgano independiente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), emitió un criterio en contra de dicha iniciativa.
“Preocupa a la Autoridad de Competencia que, de aprobarse la regulación en los términos planteados, el usuario sea el más perjudicado.
“Esto porque los conductores que prestan servicios a través de las plataformas y los taxistas podrían elevar las tarifas”, dice en un comunicado de prensa.
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¿Por qué se pronuncia en contra?
Según la comisión el Gobierno pretende tener una serie de atribuciones que van en contra de la sana competencia.
Inicialmente, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo podría establecer medidas para eliminar la “ruinosidad” del servicio de transporte de personas (tanto taxis como plataformas), en relación con el número de conductores autorizados para la prestación del mismo.
La comisión solicitó eliminar de este proyecto esa facultad que tendría el Gobierno para fijar el número de oferentes del servicio.
Además, el Poder Ejecutivo junto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y el Ministerio de Economía (MEIC) estarían a cargo de determinar vía decreto la fórmula de rentabilidad bruta mínima por kilómetro.
Este margen de rentabilidad podría facilitar la colusión en el mercado, es decir, cuando se pacta entre dos o más partes en perjuicio de terceros, dice el criterio.
La determinación de este margen podría verse afectada por el problema de captura regulatoria, otorgando rentas supra normales a los oferentes del servicio en detrimento de los usuarios.
“La Coprocom considera que podría limitar el número de oferentes y la competencia en precios, mediante el establecimiento de un número fijo de conductores y el margen de rentabilidad mínima”, señaló la presidenta a.i. de la Coprocom, Viviana Blanco.
La Comisión señaló desde el año 2018 que cualquier regulación de las plataformas digitales de transporte debe velar por la seguridad de los conductores y usuarios.
Lo anterior sin establecer requisitos demasiado específicos que inhiban la aparición de nuevas empresas en el mercado, o bien, que provoque la salida de las actuales.
