Tomás Gómez
Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) admite que no sabe cuántos terrenos ha cedido bajo la figura de uso en precario y en otros permisos la información está incompleta, hay casos conocidos donde las empresas tienen que responder con diversas acciones.
Uno de ellos se ubica cerca de Garantías Sociales, en Zapote.
Ahí, Grupo Purdy tiene un punto de atención y una fracción de esta se localiza en terreno estatal.
Según la información oficial dado por el MOPT, en este caso está regido por la resolución 2021-001278.
En ella se regula lo referente a la más reciente renovación del permiso y se especifican las revisiones hechas al permisionario y las exigencias que se le hacen.
En el texto se aclara que la más reciente prórroga abarcará 3 años. A cambio, a la empresa le corresponde prestar dos vehículos 4×4 al Ministerio, los cuales debían renovarse en marzo anterior.
Salvo la gasolina, a Grupo Purdy se le exige hacerse cargo de todos los costos de los automotores. Incluso le exigen el pago de las respectivas pólizas.
A la empresa se le auditó también el cumplimiento de las cargas sociales (CCSS y Asignaciones Familiares); así como el pago de impuestos y el gravamen a las personas jurídicas, todo lo cual cumplió y permitió seguir con el trámite.
Finalmente cabe recalcar que como parte de esa última revisión, los vehículos que se prestaban fueron evaluados por la Dirección de Control de Maquinaria y Equipos. Mediante el oficio DVOP-DCME-2021-598, emitido el 16 de diciembre del 2021, esta dependencia admitió que el valor del alquiler de los vehículos era aún mayor del avalúo del terreno, es decir, la empresa cumplía con creces la contraprestación por el uso del espacio.
Lo que dice la empresa
“Hemos gestionado de forma transparente con el MOPT, la figura legal de “uso precario” ; que admite utilizar el terreno en Zapote que corresponde a una pequeña parte del parqueo de la sucursal”, explicó la empresa.
En contraposición, eso sí, a Grupo Purdy le corresponden inversiones importantes para garantizar el buen mantenimiento.
“Durante estos años, Grupo Purdy ha hecho un uso responsable del espacio, brindándole un mantenimiento adecuado, así como el cuido necesario con la intención de que el terreno no se deteriore”, explicaron.
“Nuestra empresa siempre ha colaborado en todo lo referente al uso de este espacio con el MOPT y así lo seguiremos haciendo, acatando las órdenes y directrices que el Ministerio nos señale”, sumaron.
Para este caso en particular, además, a la empresa le corresponde dar una contraprestación al Estado. Se trata del préstamo de dos vehículos destinados al uso el MOPT, de manera que la institución puede ahorrarse la compra o alquiler de los mismos.
Parte de este terreno fue expropiado por el MOPT en 2000 para hacer un tunel que conectara el final de la Autopista Florencio del Castillo, en Curridabat, con Garantías Sociales, pero la iniciativa sigue sin ver la luz más de dos décadas después (Tomás Gómez/El Observador)
¿Qué es el uso en precario?
En teoría, las propiedades estatales no pueden ser ocupadas por privados y sus respectivos intereses.
No obstante, la Ley General de Administración Pública y su reglamento tienen una opción para permitir que por lapsos de tiempo específicos, otros entes públicos, empresas y ciudadanos particulares aprovechen los mismos.
Esa figura representa el “uso precario”, que tiene pocos requisitos según el reglamento:
En los bienes de dominio público la Administración podrá otorgar permisos de uso, los cuales serán motivados en razones de oportunidad o conveniencia para el interés general, siempre y cuando no implique una desmejora en la disposición del bien.
DECRETO Nº 33411, ARTÍCULO 169
El mismo reglamento así como la ley advierten en contraposición que existe la posibilidad de revocar los permisos.
Eso sí, advierten que no puede ser arbitrario y se piden plazos prudenciales.
Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación.
LEY GENERAL DE ADMINSTRACIÓN PÚBLICA, ARTÍCULO 154
La información referente a los terrenos estatales cedidos para “uso en precario” es pública.
El 12 de octubre anterior este medio pidió los datos asociados a estos acuerdos. Al respecto se consultaba sobre los beneficiarios de los mismos, ya fueran personas físicas o jurídicas. También se solicitaron datos como la fecha de autorización y el plazo y la ubicación.
Otra interrogante es si a cambio del uso temporal de los terrenos, los ocupantes otorgan algún tipo de pago o contraprestación al Estado; que finalmente es el dueño de los mismos.
No obstante, la institución no cumplió con los plazos de ley para la entrega de la información. Tampoco alegó necesitar más tiempo o justificó algún problema con los datos durante más de un mes.
El tema escaló a la Sala Constitucional, donde se determinó que los retrasos en la entrega de información representaron una violación de los derechos fundamentales.
“Se ha quebrantado el derecho fundamental de acceso a la información pública, estatuido en el ordinal 30 de la Constitución Política”, establece la sentencia 22-28746.
