Redacción El Observador
Un tribunal designado para decidir sobre el arbitraje internacional de inversión interpuesto por Alejandro Díaz Gaspar, de la empresa de embutidos ‘Ibérico’, contra el Estado costarricense emitió su decisión final, favorable a los intereses de Costa Rica.
Dicha panel rechazó la totalidad de los reclamos planteados por el inversionista, evitándole al Estado costarricense el pago de la millonaria indemnización de $101 millones (unos ¢70.700 millones) que se reclamaba en este proceso.
El reclamo se basó en supuestas actuaciones arbitrarias del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que llevaron al cierre temporal (cinco días) de una planta procesadora de pollo establecida por el inversionista en Grecia, Alajuela, luego de numerosas denuncias por malos olores y un funcionamiento deficiente de su sistema de tratamiento de aguas residuales.
El caso, dirimido ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), se planteó al amparo del “Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Costa Rica y el Reino de España.”
Gobierno “satisfecho”
Al conocer la decisión, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, agradeció el trabajo de las instituciones involucradas, coordinadas por el Ministerio de Comercio Exterior, y resaltó la relevancia de trabajar juntos, y con el mayor de los ímpetus, por el bienestar del país.
“Tomamos esta resolución con mucha satisfacción, pero también, con gran entendimiento de que, como gobierno, tenemos la responsabilidad absoluta de mejorar siempre las actuaciones estatales, asegurándonos de brindar a los habitantes de Costa Rica servicios óptimos”, dijo.
Por su parte, el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, recalcó la importancia que una decisión de esta naturaleza tiene para la atracción de inversión generadora de oportunidades de trabajo para los costarricenses.
“En la competencia feroz que afrontamos a la hora de atraer inversión y empleo para nuestros ciudadanos, Costa Rica se diferencia por ser un país respetuoso del Estado de Derecho, de seguir el debido proceso y respetar los derechos de todos, incluyendo los inversionistas. Este resultado también confirma que los tratados que negociamos y nuestro trabajo para resguardar la seguridad jurídica de las inversiones, son de mutuo beneficio para los inversionistas y para el país y sus habitantes”.
El tribunal arbitral rechazó la demanda en todos sus extremos, y de forma unánime. Más específicamente, el fallo (laudo arbitral), determinó que:
- Hubo algunas inconsistencias en la actuación del Estado costarricense, pero el inversionista tuvo acceso efectivo a la justicia y esto le permitió continuar operando su planta, lo cual significa que el país no incumplió sus obligaciones adquiridas en el acuerdo de inversión aplicable.
- No existió una discriminación basada en la nacionalidad del inversionista.
- No se acreditó que la quiebra de la empresa haya sido un resultado directo del cierre temporal de la planta.
Tovar resaltó “el enorme trabajo” que este caso requirió, de coordinación interinstitucional con varias instituciones involucradas en los reclamos del inversionista, los testigos y expertos ofrecidos como peritos por Costa Rica, y la firma legal especializada contratada para la defensa nacional.
En línea con lo indicado por el Presidente Chaves, recordó que, como el miembro más reciente de la OCDE, Costa Rica debe mantenerse en un proceso de mejora continua.
El equipo nacional que tuvo a cargo la defensa de este caso estuvo liderado por Comex e integrado por funcionarios del Ministerio de Salud (Central, Dirección Regional Central Norte, y Área de Salud de Grecia), el mente Senasa) y la. Municipalidad de Grecia.
También requirió peritos en los campos del derecho administrativo y finanzas, cuyas opiniones técnicas se aportaron como prueba para complementar los argumentos del país en el proceso, y la firma legal internacional Squire Patton Boggs, expertos especializados en arbitraje internacional de inversión, contratados para coordinar la estrategia y defensa legal, y para brindar el apoyo técnico-jurídico necesario durante todo el proceso.
La resolución se encuentra disponible en el siguiente enlace.
