Paula Ruiz
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó que la campaña de Rodrigo Chaves recibió donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras como parte de su financiamiento.
Así se detalle en el informe IDI-DFPP-001-2022 con fecha del 8 de junio de 2022 emitido por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos y dirigido al Ministerio Público, del cual este medio tiene copia.
“Como parte de este esquema oscuro de financiamiento, se habrían recibido donaciones de personas físicas, personas jurídicas y personas extranjeras entre el 25 de febrero de 2021 y el 8 de octubre de 2021”, señala el informe.
En específico, los dineros se depositaron en las cuentas del fideicomiso “Costa Rica Próspera” constituido por Rodrigo Chaves y Jack Loeb.
Este fideicomiso estuvo dirigido por Carlos Vargas Landergreen “cuya administración fue confiada a los señores Arnoldo André Tinoco y Alonso Vargas Araya, representantes de ATA Trust Company S.A.”
De acuerdo con el artículo 128 del Código Electoral, son prohibidas las contribuciones de extranjeros y personas jurídicas.
“Prohíbese a los extranjeros y a las personas jurídicas de cualquier naturaleza y nacionalidad efectuar, directa, indirectamente o en forma encubierta, contribuciones, donaciones o aportes, en dinero o en especie, para sufragar los gastos de los partidos políticos.
A los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, también les está prohibido
otorgar préstamos, adquirir títulos o realizar cualquier otra operación que implique beneficio de cualquier clase para los partidos políticos”, señala expresamente este articulado.
Adicionalmente, el ente electoral concluye que existen “indicios suficientes” para presumir que en el marco del proceso electoral 2022, operó una estructura paralela de financiamiento.
(Esto) para impulsar la candidatura de Chaves “y potenciar las candidaturas en general del partido Progreso Social Democrático”.
Una de las participantes de ese esquema de financiamiento fue Luz Mary Alpízar, actual diputada y presidenta de la agrupación, según el TSE.
“Al procurar -en apariencia- reportar a nombre de personas físicas costarricenses contribuciones sufragadas con el dinero del fideicomiso del grupo CRP (Costa Rica Próspera)”.
La segunda estructura estuvo constituida por Loeb y Sofía Agüero, en beneficio de la candidatura a diputación de Julio Ubaldo Agüero. Sofía es hija del actual legislador del PPSD.
“Habrían empleado una segunda estructura paralela de financiamiento, en operación desde el 5 de octubre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022”, destaca el documento.
De acuerdo con el TSE, esta segunda estructura paralela está en estudio para determinar con exactitud los movimientos bancarios (ingresos y egresos) que habrían tenido lugar para impulsar la candidatura de Agüero.
El Tribunal reconoce en su informe que la raíz de este investigación surgió porque Chaves difundió en sus redes sociales el 3 de agosto de 2021 un evento donde cada persona debía pagar $1.500.
El objetivo era recaudar fondos para financiar su campaña política.
Investigación legislativa
A raíz de este informe, la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio solicitó a la Comisión de Ingreso y Gasto Público iniciar la investigación de estructuras paralelas de partidos políticos.
Guillén recordó que, con anterioridad, la bancada presentó una moción para investigar el financiamiento y posibles estructuras paralelas. Sin embargo el Plenario rechazó la enmienda.
La legisladora informó que reiterará esta solicitud en Plenario a raíz de lo sucedido con el PPSD.
El Observador solicitó una reacción de los diputados Agüero y Alpízar así como del presidente Chaves.
Al cierre de este nota, Agüero respondió que no se referirá al tema porque no ha sido notificado de ningún caso o informe.
Entretanto, Alpízar compartió un video en el que asegura que se trata de “un ataque” contra su agrupación.
Por otra parte, desde marzo pasado la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó información al TSE referente al caso.
Desde diciembre el Tribunal pidió información a Chaves referente al tema, que sigue en investigación.
Además, el órgano electoral -a través del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos- solicitó que el principal financista de la campaña, Erick Quesada Gutiérrez, demostrara su solvencia económica.
Quesada compró 169 bonos de ¢1 millón, pagando ¢600.000 por cada uno y obteniendo una ganancia superior a los ¢67 millones.
Adicionalmente, el exfundador del PPSD, José Eduardo Vargas, afirmó ante la Fiscalía que existen otras estructuras paralelas.
El 2 de abril, Vargas declaró que hay empresas panameñas investigadas como posibles formas mediante las cuales Chaves obtuvo dinero para su campaña.
“Existen empresas extranjeras de Panamá que están siendo investigadas y que existen pruebas en los estados financieros del Banco Nacional que inyectaron millones de colones a la campaña de Rodrigo Chaves. Pero cuyo nombre no estoy autorizado a dar en este momento porque está en investigación en Ministerio Público”, afirmó a El Observador el 2 de abril.
Otra de ellas guarda relación con el aporte en especie y en dinero en efectivo por parte de un sindicato ligado a salud. De acuerdo con Vargas, esto tampoco se reportó al TSE.
