Josué Alvarado
Doce instituciones públicas y privadas enviaron una carta a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa en la que le piden frenar cualquier intento del Poder Ejecutivo por reducir el presupuesto que se dedica a atender la pobreza y la educación.
La carta enviada este 8 de junio hace referencia a una reciente publicación de El Observador, sobre el recorte de 113.739 becas para estudio del programa Avancemos.
También sobre la disminución de 7.370 cupos en la cobertura planificada para la Red de Cuido infantil, si se compara el 2022 con el 2023.
Ambos hechos fueron confirmados por la presidenta del IMAS, Yorleni León, quien adujo que la disminución de la cobertura se dio por disminución de presupuesto y por la aplicación de más filtro a la hora de otorgar los beneficios.
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Por otro lado, las agrupaciones indican que el presupuesto para el sector educación para el 2023 es el más bajo de los últimos 9 años respecto al PIB y decrece un 1,2% en relación con el presupuesto inicial del 2022.
Se quejan también de la intención del Ministerio de Hacienda de trasladar 3.200 millones del Ministerio de Educación Pública (MEP) para atender asuntos de inseguridad ciudadana.
“Aunado a lo anterior, y estableciendo el contexto en el que se dan estas decisiones, distintas entidades han señalado en los últimos meses, un aumento de las condiciones de pobreza extrema de la población más vulnerable, así como la constante salida de personas de la fuerza de trabajo”, dice la carta enviada al recinto legislativo.
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“Estas familias quedan desamparadas”
En el presupuesto inicial para este 2023 el monto destinado a la inversión social disminuye ¢50.000 millones, si se compara con el ejecutado en 2022.
Se proyecta que la inversión social para el 2023 sea de ¢718.000 millones. El año anterior fue de ¢769.000 millones.
Debido a esto disminuye la cobertura prevista en algunos programas como las becas de Avancemos, la Red de Cuido y el transporte para estudiantes, entre otros.
Yorleni León explicó que estas reducciones responden a que no hay presupuesto suficiente, por lo que ajustan los cupos según el presupuesto que tienen asegurado.
Además, señaló que en algunos casos se quitaron becas que no iban dirigidas a atender a personas en condición de pobreza, o bien, que no tendrán un impacto en las familias a las que se depositaba.
También dijo que el monto en inversión social para todos los programas podría aumentar con el paso de los meses, pero esto depende de las aprobaciones extraordinarias de presupuesto a cargo de la Asamblea Legislativa.
Según las organizaciones “existe abundante evidencia científica nacional e internacional” de las consecuencias negativas que traería un recorte a estos y otros programas sociales.
“Cuando estos sufren una reducción, estas familias quedan desamparadas frente a sus dificultades para poder mantener a sus hijas e hijos estudiando y recibiendo servicios de estimulación y aprendizaje, los cuales son cruciales para que puedan romper los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza”, dice el documento enviado a los legisladores.
Las organizaciones firmantes solicitan a los jefes de fracción la “intervención pronta, diligente y responsable de sus despachos en la toma de las acciones que estimen necesaria para prevenir o corregir los recortes presupuestarios”.
