Allan Arroyo
Dos exgerentes del Banco de Costa Rica (BCR) formaron una sociedad en Panamá, en agosto de 2020, para supuestamente dar asesorías a empresas, pero la pandemia habría truncado esa intención de negocio.
Esto alega el abogado Bernan Luis Salazar, quien desde la semana pasada asumió la representación de Álvaro Camacho de la O, quien fungía como subgerente de Banca Corporativa, y Juan Carlos Bolaños Azofeifa, quien era el gerente de Negocios.
Ambos tuvieron participación en la decisión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión BCR SAFI -una subsidiaria del Banco de Costa Rica- para la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), en Puntarenas.
Esas instalaciones son objeto de investigaciones internas y judiciales por un presunto sobreprecio en la compra realizada en febrero de 2020, según la denuncia un grupo de inversionistas.
El día que se aprobó la compra del inmueble, Camacho presidió el Comité de Inversiones, como lo confirmó Manfred Sáenz, gerente corporativo jurídico del BCR, en entrevista con El Observador la semana pasada.
Este medio contactó entre el jueves 22 y viernes 23 de junio a los dos exgerentes, quienes remitieron a su abogado para las consultas correspondientes.
El representante legal prometió conversar con El Observador esta semana y la llamada se concretó este jueves.
Pocos meses y sin actividad, argumenta abogado
El abogado, representante de Camacho y Bolaños, argumentó que las sociedades en cuestión fueron de “escritorio”, es decir, las que se forman para registrar propiedades y bienes, como se hace en Costa Rica.
Bernan Salazar añade que desde antes de la pandemia, sus clientes “venían con la intención de continuar desarrollándose personalmente”.
“Habían pensando en formar una sociedad para llevar a cabo algún tipo de trabajo, pero da la casualidad que se le ocurre al mundo generarse una pandemia. Se dieron cuenta que ya no podían desarrollar nada y así como la abrieron la cerraron”, dijo.
“No tuvo ninguna actividad comercial ni nada, es decir, fue una sociedad de papel,” enfatizó el abogado.
Según datos proporcionados por el BCR a este medio, Camacho percibía un salario promedio de ¢8,7 millones mensuales, mientras el de Bolaños rondaba los ¢7,1 millones.
Ante la consulta de este medio, Salazar reconoció que la intención de los ahora exgerentes era “dar asesoría a otras empresas desde el punto de vista comercial”, aprovechando la experiencia de ambos.
Salazar dijo desconocer si esa sociedad fue declarada ante la Contraloría. El ente informó a este medio que los exgerentes cumplieron con sus obligaciones anuales y presentaron las declaraciones, pero por confidencialidad no detallan si se reportó o no esta figura legal.
Las pretensiones de Camacho y Bolaños se dieron mientras eran funcionarios del BCR. El gerente jurídico del banco reconoció que la entidad financiera desconocía la existencia de esas sociedades.
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Sociedades en Panamá
El 21 de agosto del 2020 se constituyó bajo las leyes panameñas la personería jurídica “Grupo Empresarial CBS de Latinoamérica Sociedad Anónima”.
La figura fue conformada por los ciudadanos panameños Nilo Santos y Diógenes Jaramillo. Según su constitución, se nombró como dignatarios a los tres funcionarios vinculados al BCR:
- Álvaro Camacho, Presidente
- Juan Carlos Bolaños, Secretario
- Marlon Sequeira, Tesorero
CBS coincide con las iniciales de los apellidos de los tres funcionarios.
Según los comprobantes del Panamá, junto a la sociedad anterior se creó también “Grupo Empresarial CBS Holding”.
Esta segunda sociedad anónima se registró dos días antes y tenía un perfil similar anterior, incluyendo la designación de los tres costarricenses en los puestos de importancia. A esto se sumaba también amplios poderes de decisión y disposición.
En 2021 las sociedad CBS de Latinoamérica fue disuelta, mientras CBS Holding pasó a ser presidida por Sequeira, de acuerdo con información recopilada por el medio CRHoy.
El domicilio atribuido a los tres exgerentes en las sociedades creadas en Panamá es el mismo del notario que protocolarizó la autorización de venta del Parque Empresarial del Pacífico a BCR SAFI, situación que llamó la atención de un grupo de inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado.
Parque Empresarial del Pacífico fue adquirido por BCR SAFI en 2020. La entidad esperaba la llegada del tren de carga hasta Caldera como un elemento para impulsar el valor del proyecto. (Captura del informe elaborado por Cocosa).
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“No solo ellos”
El principal cuestionamiento actual es que el fondo de inversión inmobiliario del BCR pagó alrededor de $70 millones por el Parque Empresarial del Pacífico en Puntarenas. No obstante, la semana pasada trascendió un peritaje que determinó que el valor real ronda los $27,4 millones.
Aunque Camacho y Bolaños participaron en el comité de inversiones en ese momento, el abogado, Bernan Luis Salazar, defiende que no fueron decisiones únicas de sus clientes.
“Son órganos colegiados. La SAFI no es Álvaro, la SAFI no es Juan Carlos. La componen una serie de funcionarios y ellos dos son parte”, busca aclarar.
Sobre el costo de la compra del PEP en 2020, el representante jurídico defiende los peritajes realizados para sustentar la transacción y toma de decisiones.
“Los peritajes determinaban un valor-costo de entre 70 y 86, por ahí, millones de dólares, y cumplen con las formalidades”, dijo, mientras que el último no.
Salazar dice que se basa en las declaraciones dadas a la prensa por el gerente jurídico del BCR, Manfred Saénz, y el Superintendente de Valores, Tomás Soley.
El representante legal de los dos exgerentes del BCR reitera que no ha tenido contacto con las investigaciones pero que sus clientes están en la disposición de colaborar con las autoridades.
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Investigaciones en curso
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que se mantiene abierto el expediente de investigación, 21-000209-1218-PE, por el presunto delito de sobreprecio irregular.
“Uno esperaría que en un año de estar en la fiscalía, algo haya pasado”, dijo el abogado, agregando que desconocen los avances de la investigación y que no han tenido acceso al expediente.
Argumenta también que conocen solo lo publicado en la prensa.
De igual forma, dice desconocer los alcances y avances de las pesquisas internas en el BCR, a las que hizo referencia la presidencia del banco y el mandatario Rodrigo Chaves en la conferencia de Gobierno el miércoles.
Por su parte, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) confirmó que tiene el ojo en la situación desde el año pasado.
“La denuncia fue presentada en setiembre del 2022, ampliada en diciembre de ese año y durante este 2023 los inversionistas interesados han solicitado varias reuniones que se han atendido y además, han aportado información adicional relacionada con los hechos denunciados mediante varios correos electrónicos”, dijo el superintendente Tomás Soley.
“La información aportada y la recabada por la SUGEVAL, debe ser analizada para determinar lo que corresponda”, adicionó.
Además, explicó que les corresponde ejercer la supervisión sobre la SAFI en cuanto a las regulaciones de la Ley Reguladora del Mercado de Valores; así como las disposiciones que emita en Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
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