La polémica compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica tiene abiertos expedientes de investigación tanto en lo judicial como lo administrativo.
Aunque los cuestionamientos sobre el valor pagado por el proyectos y otros hallazgos que han surgido en el proceso han resurgido en los últimos días, ya desde hace meses la Fiscalía y la Superintendencia General de Valores (Sugeval) habían adelantado gestiones.
El Ministerio Público confirmó que el caso de la SAFI se analiza desde la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Ahí se generó el expediente 21-000209-1218-PE, por el presunto delito de sobreprecio irregular.
De la causa no se dan muchos detalles pues aún está en fase de investigación. En entrevista con El Observador, el gerente jurídico del BCR, Manfred Sáenz, confirmó que la Fiscalía si se ha acercado a pedir información.
“La Fiscalía efectivamente ha solicitado información a la SAFI sobre la denuncia que recibieron”, apuntó.
Eso sí, detalló que desconocen detalles. “Nosotros no hemos podido tener acceso al expediente”, expuso.
Lo que revisa Sugeval
Por su parte, Sugeval confirmó que tiene el ojo en la situación desde el año pasado.
“La denuncia fue presentada en setiembre del 2022, ampliada en diciembre de ese año y durante este 2023 los inversionistas interesados han solicitado varias reuniones que se han atendido y además, han aportado información adicional relacionada con los hechos denunciados mediante varios correos electrónicos”, dijo el superintendente Tomás Soley.
“La información aportada y la recabada por la SUGEVAL, debe ser analizada para determinar lo que corresponda”, adicionó.
Además, explicó que les corresponde ejercer la supervisión sobre la SAFI en cuanto a las regulaciones de la Ley Reguladora del Mercado de Valores; así como las disposiciones que emita en Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
La SAFI del BCR, el Parque Empresarial y las dudas
Aunque data del 2020 y ya se seguía desde el ámbito judicial y desde Sugeval; el caso del PEP ha cobrado relevancia en los últimos meses.
A lo largo del año, un grupo de inversionistas calificó de “exagerado” el precio del negocio.
La situación provocó incluso que a fines de marzo la BCR SAFI tuviera que celebrar una asamblea para dar explicaciones.
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En ese momento el vocero de los inversionistas, Mario Carazo Zeledón, expresó a El Observador: “Nosotros lo vemos como una situación fallida por el hecho de que han habido una serie de inconvenientes financieros que hacen que se haya comprado un activo en una suma exageradamente alta”.
Mientras que el gerente general del BCR, Douglas Soto, defendió la transacción. Dijo que, en términos generales, los rendimientos iban en ascenso de forma paulatina.
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A esos movimientos se suma que a inicios de la semana pasada trascendió la renuncia al BCR el Gerente de Negocios de Banca Corporativa, Juan Carlos Bolaños Azofeifa; y el subgerente de Banca Corporativa, Álvaro Camacho de la O.
Tanto Camacho como Bolaños formaban parte del Comité de Inversiones de la SAFI BCR, por lo que están involucrados con la decisión de comprar dicho inmueble.
La institución apuntó que sus salidas se deben a asuntos personales y retos laborales. Eso sí, coincidió también con la publicación del nuevo estudio y a la vez trascendió que en el 2020 ambos figuraron conjuntamente en una sociedad anónima en Panamá.
Durante la semana pasada también el tema también se vio en Consejo de Gobierno y desde Zapote piden al BCR algunas explicaciones.