Mientras el Gobierno mantiene su decisión de seguir aplicando las multas por la restricción vehicular, los alcaldes reclamantes preparan una nueva denuncia contra la manera en que se impusieron las medidas.
El abogado José Pablo Badilla Quirós, representante legal del foro, anunció desde el lunes que el reclamo partirá desde el decreto de emergencia que ha servido al Gobierno para emitir todas sus directrices.
“Ese ese el fundamento con el que Poder Ejecutivo ha venido violentando ya no solo la libertad de circulación sino todas las libertades”, explicó el jurista.
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La idea, agregó, es lograr un efecto anulatorio de las medidas pero no cobrar indemnizaciones.
“Al Estado no se le está pidiendo ni un colón”, dijo.
José Pablo Badilla, el otro abogado de la causa, reclamó además que solo el Ministro de Comunicación, Agustín Castro, esté dando la cara por el tema y que se emitan comunicados a nombre del “Gobierno”, sin individualizar la reponsabilidad de otros ministerios como Salud y Obras Públicas en la decisión.
Alcalde señala mentiras y prepotencia del Gobierno
En la misma conferencia participó el Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, quien fustigó la decisión del Gobierno de no suspender la restricción.
“Es el gesto más indignante y prepotente que un Gobierno puede emitir conta la orden de un juez”, dijo.
El alcalde agregó que con medidas como estas Casa Presidencial pierde autoridad moral.
Barahona ha señalado también la falta de argumentos técnicos de la restricción.
“Ha aportado muy poquito por no decir que negativamente: obliga a las personas que pueden transportarse de una manera segura a hacerlo en bus”, citó.
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Además, criticó que en otros momentos el Gobierno se había comprometido a levantar la medida, pero incumplió.
“Fue un engaño para la municipalidad, los comerciantes y los mismos consumidores”, concluyó.
Presidencia se queda sola con sus interpretaciones
Mientras abogados, alcaldes y expertos coinciden en que la restricción quedó suspendida, el Gobierno recurre a sus interpretaciones propias para seguir aplicando multas.
Según su línea, la suspensión aplicaría solo para decretos anteriores y por tanto la medida está vigente.
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Originalmente el ministro Castro llegó a decir que la resolución no tendría vigencia por una apelación de la Procuraduría.
El propio lunes, además, al Gobierno se le venció el plazo para presentar a la Defensoría el sustento técnico de la restricción.
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La respuesta llegó al final de la tarde y se basó en que los accidentes de tránsito bajaron y liberararon camas de Cuidados Intensivos, sin que se incluyeran mediciones o datos sobre la efectividad de la medida en el control de la pandemia.