Josué Alvarado
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) adeuda un monto de ¢37.916 millones debido a una serie de condenas judiciales, algunas que ya están en firme y otras que están por resolverse.
Este es el monto por indemnizaciones que tiene que cancelar la autoridad reguladora para el próximo 2023, según el oficio OF-0192-DGAJR-2022 del cual El Observador tiene copia.
Esta cifra contempla aquellos casos en los que ya hay un resultado conocido, aunque el proceso judicial todavía esté en curso (proceso de ejecución de la condena).
En estos casos la autoridad incluso alerta que están corriendo los intereses hasta que no se finalice el pago total.
Por otro lado, el monto también contempla un cálculo de probabilidad de fallos de casos que todavía siguen en curso y que podrían resolverse pronto.
Actualmente hay 280 procesos judiciales contra Aresep en la vía judicial. De ellos 127 interpuestos por el sector transporte y 112 por el sector energía.
Otros 33 corresponden a casos administrativos, mientras que 13 están en la categoría agua y saneamiento.
La Aresep calcula que el costo estimado por los casos que podría perder asciende a ¢101.544.007.
La deuda por aquellos casos en los que la autoridad ya fue condenada asciende a ¢37.815.445.421, es decir, el 99,73% de los previsto para pagar este rubro en el 2023.
Ante la consulta de El Observador sobre la posibilidad de que la Aresep cancele estas deudas, debido a que aumentan por el cobro de intereses, la institución prefirió no dar una respuesta específica.
“Los montos mencionados corresponden a estimaciones anuales de los recursos para la atención de pagos correspondientes a sentencias judiciales, de acuerdo con las buenas prácticas presupuestarias y conforme al ordenamiento jurídico”, respondió Aresep a través de su oficina de Comunicación.
TUASA se dejará el 85% de ese monto
Un proceso judicial resuelto a favor de la empresa Transportes Unidos Alajuelenses S.A. (Tuasa) es el que más deuda aporta a esta previsión de pagos para el 2023.
El monto asciende a los ¢32.197.886.506,3, lo que corresponde al 84,9% del total.
En el mismo caso se falló a favor de la Cooperativa de Transportes Sabanilla y San Isidro de Alajuela, Ltda. (Coopetransasi RL), por la suma de ¢96.380.952,2.
Esto incluye el monto por daños, perjuicios, costas del proceso e intereses, que en el caso de TUASA corren desde el año 2009, que es la fecha desde la cual la empresa se vio afectada por el cálculo tarifario de Aresep.
La Aresep explicó sobre este caso que se falló a favor de las empresas por los desfaces que provocaba la metodología antigua mediante la cual se definía la tarifa de bus.
“Las sentencias indicadas en el oficio están relacionadas en parte con el uso de las denominadas ‘herramientas complementarias’ para la aplicación de la metodología de cálculo de las tarifas de los autobuses, que han sido interpretadas por los Tribunales de Justicia como un ejercicio discrecional excesivo por parte de la Aresep, y fueron suprimidas de la actividad regulatoria en el año 2012”, respondió la autoridad a este medio.
Foto Archivo/ El Observador
El 15% restante
A la empresa autobusera Compañía de Inversiones La Tapachula S.A. también se le deben cancelar 3.482.621.609,46.
Mientras tanto, a Autotransportes Desamparados S.A. un monto que asciende a ¢1.714.740.114,77 contra la Aresep por no haber utilizado el dato real de demanda del servicio a la hora de calcular la tarifa y los intereses que corren desde el año 2016.
Según el mismo informe hay otros pagos relacionados a casos del sector administrativo que también deben ser cancelados, por la suma de ¢323.816.238,56
La Aresep explicó que esta millonaria deuda se pagará con el dinero que recauda la institución mediante el cobro de los cánones para las actividades reguladas, los fondos que se le asignen del Presupuesto Nacional, las donaciones, subvenciones y los ingresos de convenios y contratos.
También de lo captado a través de las multas e intereses moratorios establecidos en la ley.
Sistema con desface tecnológico
Por otro lado, el informe aclara que el Sistema de Control de Juicios actual sufre un desface tecnológico de casi 20 años lo que provoca “errores de funcionamiento”.
“Han hecho imposible que los registros en cuestión estén debidamente actualizados, así como la imposibilidad de destinar personal a la inclusión y actualización de la información del sistema, debido a las cargas de trabajo de los funcionarios”.
