Tomás Gómez
Reservas sobre la situación financiera, problemas para satisfacer las necesidades de la población y hasta riesgo de no alcanzar uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Estos problemas forman parte de las alarmas encendidas por la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes tras revisar la situación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Ambos entes de control lanzaron este jueves los resultados de sus evaluaciones, donde se abordan tanto las facetas institucionales como sociales del problema.
En el caso de la Contraloría el ojo se puso en la parte administrativa y en los proyectos, en los que se pinta un panorama complejo.
“La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad.
“Esto por cuanto únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable”, apunta el informe.
“Solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada”, suman.
Críticos con gestión de proyectos y finanzas
La Contraloría apunta también que la institución no ha sido “eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio”.
Como ejemplo señalan que un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución.
“Lo que demora la atención de las necesidades ciudadanas, afectando el beneficio para 2,8 millones de personas en agua potable y 1,2 millones de personas beneficiarias de proyectos de saneamiento”, fustigan.
Ente los lugares con afectación incluyen:
- Limón
- Golfito
- Quepos
- Palmares
- Jacó
- Tamarindo
- Coco-Sardinal
Adicionan que no se detectan proyectos prioritarios según las necesidades actuales y futuras de la población.
“El diseño y gestión del portafolio de inversión del AyA presenta un nivel incipiente y carece
de una secuencia lógica y sistémica”, sustentan.
Tal escenario se traduce también en la preocupación por su impacto financiero.
“La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones”, advierten.
Concluyen señalando que el contexto actual estaría limitando el logro del ODS 6. Este se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. A este factor la Contraloría le da énfasis pues constituye “un desafío principalmente en el contexto de las poblaciones en condición de vulnerabilidad”.
Defensoría preocupada por agua a largo plazo
El diagnóstico de la Defensoría, por su parte, se centra en las afectaciones por los problemas de agua. Ante ello, reclama también la gestión del AyA y su planificación.
Si bien en AyA ha tomado opciones como horarios de racionamiento, suministro con cisternas o la instalación de tanques, estas se ven más para el corto plazo.
“La Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca”, señalaron.
Citaron también hallazgos previos de Aresep. Un estudio de la Intendencia de Agua había detectado en 2022 situaciones como:
- 57% de pérdidas de agua potable
- ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años
- 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo
- hay ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios
- 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico.
El tema se vuelve recurrente
Recalca la Defensoría que ellos reciben reiteradas denuncias de problemas con los servicios del AyA. Estos incluyen temas de incumplimiento de los horarios de abastecimiento.
Esto se acompaña también a señalamientos de lo que denominan “falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA”; que según ellos afecta particularmente a personas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.
Su molestia incrementa pues algunas zonas pasan de manera períodica las mismas trabas.
“Desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población.
“De modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio.
“Lo anterior con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros”, acotaron.
“La Defensoría sigue con su labor de exigir cuentas, y elaborará un informe específico sobre cada una de las comunidades que han denunciado la afectación del suministro de agua potable.
“Esto con el fin de que el AyA tome las medidas e implemente las acciones requeridas para realizar una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio.
“Así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio a nivel nacional, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable”, concluyó.
¿Que hacer en el AyA?
En cuento al pronunciamiento de la Contraloría, este ordenó, en el plazo de un año, generar un modelo de gobernanza integral del portafolio. Este deberá tener:
- plan de gestión de riesgos del portafolio
- plan de recuperación del portafolio
- sistema de información confiable que ofrezca los datos integrados del tiempo, costo y alcance de los componentes del portafolio
- portafolio ajustado y aprobado por el máximo jerarca, de acuerdo con la capacidad administrativa y técnica de ejecución
- mediciones de desempeño periódicas a lo largo del ciclo de vida del portafolio, programa y proyecto
- criterios de priorización de los componentes del portafolio, incluyendo criterios para poblaciones en condición de vulnerabilidad
- roles y responsables de cada una de las etapas de gestión del portafolio y sus componentes
A ello sumó el pedido de generar una ruta de mejoramiento de gestión institucional y otra de sostenibilidad financiera.
En los últimos años se han vuelto recurrentes las manifestaciones por la falta de asgua en zonas como Hatillo (Archivo/ElObservador)
