Tomás Gómez
El entusiasmo con el que el Gobierno sigue promoviendo su plan para un tren eléctrico choca con una situación fiscal crítica según advirtió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“La difícil situación macroeconómica de Costa Rica puede condicionar de manera determinante la viabilidad y bancabilidad del proyecto”, alerta el BID.
Los señalamientos aparecen en el Documento de Análisis y Recomendaciones, elaborado por el Banco y remitido a la presidenta de Incofer, Elizabeth Briceño, el 25 de febrero del 2021. Sus alcances han sido dados a conocer El Observador.
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El texto incluye advertencias sobre las proyecciones de demanda, diseño y financiamiento.
El BID postula que el escenario no es apto para el megaplan del Poder Ejecutivo. Sugiere, por el contrario, desarrollar el proyecto por etapas y empezar con apenas una línea entre San José y Alajuela.
“Aunque el desarrollo integral del TEP mediante una única concesión integral (5 líneas) puede ser conveniente para brindar simultáneamente una solución de gran escala, este esquema resulta riesgoso desde el punto de vista de bancabilidad”, cita el informe.
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“Esto, al tomar en consideración aspectos como la actual situación macroeconómica de Costa Rica y el impacto generado en los mercados de capitales por la actual pandemia del COVID-19, los cuales se traducen en riesgos para la concesión”, agrega.
Ante las dudas por las proyecciones y el financiamientom el BID sugirió que el tren se desarrolle por etapas, dando prioridad a la línea azul que conecta San José con Alajuela (Captura de pantalla)
Tren imposible sin la billetera del Gobierno
El plan del Tren Eléctrico de Pasajeros (TEP) ha sido una de las promesas más recurrentes del actual Gobierno. Originalmente se propuso con 84 kilómetros, 46 estaciones y 78 máquinas, con la meta de tener 200.000 usuarios diarios.
La obra costaría $1.553 millones y se adjudicaría por 35 años. Como parte del plan, el Estado asumiría un préstamo por $550 millones con el BCIE y subsidiaría parte de la operación.
Según ha reconocido la Primera Dama, Claudia Dobles, para tener una tarifa “socialmente aceptada”, el Estado debería darle al concesionario entre $50 y $150 millones. Los recursos serían del Presupuesto Nacional según Incofer.
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La estrategia tampoco convece al BID, que dice que “los aportes del presupuesto de la nación para la financiación del proyecto deberían estar respaldados por un escenario fiscal robusto”.
“La estructura de la concesión debe ser consistente con los riesgos del proyecto y el actual contexto macroeconómico”, agrega.
El BID propone que de seguirse adelante con el plan del tren es necesario convocar un equipo multisectorial encabezado por el Ministerio de Hacienda, el cual permita generar un Convenio de Financiación Pública con compromisos futuros de aportes al proyecto. Además se llama la atención sobre la inexperiencia del país en este tipo de negocios.
Tres datos económicos nada positivos
Aunque el informe del BID se dió a conocer hasta finales de febrero, su preparación acabó en noviembre. Así, varias de sus proyecciones económicas tuvieron ínfimas mejorías:
Los datos finales, sin embargo, no tienen ninguna variación en la situación crítica del país según los expertos.
“Esas variaciones no desechan las recomendaciones del BID, siguen siendo válidas. Proceder con todo el proyecto en la situación aún crítica de las finanzas públicas es incoveniente”, detalló el economista Gerardo Corrales.
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“Dispararía el endeudamiento, dispararía el servicio de la deuda y todo eso más bien es negativo para la reactivación”, agregó Corrales.
De acuerdo con él, Costa Rica sigue en un rango salido de lo que podría verse como una “calificación normal”. La situación se agrava entre el déficit y el crecimiento de la deuda, a la vez que gran parte de los ingresos sigue yéndose en obligaciones financieras.
Se intentó conocer el criterio del BID sobre los ajustes a las cifras pero el Banco señaló que el estudio es del Incofer. A esa institución también se le giraron las consultas pero no hubo respuesta al cierre de esta nota.
Para el tren eléctrico del Gobierno el BCIE aprobó el préstamo más grande de historia: $550 millones. Este aún no tiene aval legislativo (Archivo/El Observador)
Más dudas por los planes del Gobierno
En los últimos días El Observador ha dado a conocer más hallazgos hechos por el BID al plan del Gobierno para gestar el TEP.
Aunque respaldó la idea de impulsar un tren de este tipo, la institución fustigó una serie de falencias que tendrían los estudios de demanda. Además advirtió que lo conveniente es arrancar con una sola línea y no con el megaproyecto del Poder Ejecutivo.
Entre otros, identificó:
- La demanda se calculó solo con horas pico
- No se estiman posibles efectos de la pandemia en el uso del transporte
- Se tasa un aumento de 1.300% de pasajeros sin certeza sobre el posible éxito
- Hay dudas sobre la conectividad del tren con otros transportes, lo que podría afectar su uso
Todos estos elementos llevaron a sugerir no colocar sobre la empresa ganadora del concurso las incertidumbres sobre el número de usuarios.
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“En atención a la incertidumbre en las actuales proyecciones, y con el objetivo de mejorar la bancabilidad del proyecto, el equipo del BID recomienda adoptar un modelo de negocio donde el operador del TEP no asuma el riesgo de demanda de pasajeros”, cita el estudio.
Sugiere ejemplos como los metros de Bogotá y Lima donde se subsidian los costos operativos y no la demanda.
El Incofer, por su parte, defendió las metodologías con que hizo sus cálculos. También argumentó que en “el mejor de los casos” el tren arrancaría operaciones en 2025-2026, rechazando así los señalamientos por la afectación potencial del covid-19. A su vez insistió en que el propio BID les ha recomendado no suspender los planes del tren.
La Comisión Legislativa de Infraestructura ha aumentado sus cuestionamientos al tren promovido por el Gobierno y tras el informe del BID incluso recomendó enterrar el proyecto tal cual (Presidencia).
